31/2003 La sanidad en el nuevo modelo de financiación autonómica

Jesús Ruiz-Huerta Carbonell y Octavio Granado Martínez
– La evolución dispar de los recursos y de los gastos del Sistema hace que sus prestaciones
reduzcan paulatinamente en términos reales, con lo que los grupos sociales con menor
poder de compra, que no pueden acceder a la sanidad privada complementaria, ven
deteriorarse gradualmente la asistencia sanitaria que reciben.
El actual sistema o bien deja la resolución de estas posibles insuficiencias en la vía de
las asignaciones de nivelación, configurada simplemente como un proceso de
discusión sin prever resultados concretos, o bien las niega explícitamente, como las
desviaciones de población ocurridas entre 1999 y 2002, o las producidas por el
envejecimiento de la población, que no son objeto de consideración en el cálculo de
tales asignaciones.
Pero, además, el tratamiento por separado de estas tres cuestiones (gasto, afectación y garantía)
tampoco es demasiado razonable, porque puede acabar generando los mismos
efectos perversos denunciados. Por ejemplo, una Comunidad en la que la necesidad de
gasto haya crecido muy por encima de la media y que podría considerarse acreedora de
asignaciones de nivelación, aunque sus recursos hayan crecido en mayor cuantía que las
necesidades.
Si nos centramos en las medidas de distribución de recursos y de su incremento
formal, para empezar, está fuera de toda duda que el gasto mínimo obligatorio sólo
puede exigirse, a juicio de los autores, si se mantiene por el Estado una cierta garantía
de los recursos que percibe cada Comunidad, y nunca por un importe superior al de los
recursos transferidos. Lo contrario sería una dejación de responsabilidades estatales,
ya que se traspasa sin consideración alguna la obligación legal y la consecuente
obtención de los recursos a las CC AA. También constituye una clara intromisión en
la autonomía fiscal de las Comunidades y es ajeno absolutamente al principio de
corresponsabilidad fiscal. La garantía debe mantenerse, el gasto obligatorio debe ser
el equivalente absoluto del garantizado y la afectación de recursos debe ser similar a
la garantía, procurando asegurar el mantenimiento de la universalidad y la equidad del
Sistema.
En cuanto a las asignaciones de nivelación, deberían entrar en juego en algunas CC AA
cuando, bien por la peor evolución de sus ingresos, bien por la evolución más acelerada
de sus gastos, existe una diferencia entre ambas magnitudes en un periodo fijado. Es decir,
la asignación de nivelación no se aplicaría sólo cuando la Administración del Estado
consienta, como predica el actual Sistema, pero tampoco en un supuesto de un
determinado diferencial entre la evolución del conjunto de las CC AA y de una en
concreto, sino cuando la utilización de los recursos financieros otorgados no pudiera
asegurar un nivel mínimo en la prestación del servicio público de salud (el que tenía
garantizado por el Sistema, que empeora), que es precisamente lo que establece el aludido
artículo 15,2 de la LOFCA.
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