31/2003 La sanidad en el nuevo modelo de financiación autonómica

La sanidad en el nuevo modelo de financiación autonómica
pública tiende a identificar la constricción del gasto más como una expresión de ineficiencia
que de eficiencia. En la misma dirección, es necesario poner en marcha las regulaciones
legales pertinentes para que los desplazamientos territoriales de los empleados
públicos puedan continuar produciéndose sin las cortapisas que existen en otros sectores
de la Administración.
Por otra parte, puede estudiarse la posibilidad de crear un órgano consultivo, formado por
especialistas, que elabore informes sobre la creación de nuevos servicios, y pueda señalar
sin restricciones cuáles de estos nuevos servicios son necesarios para incrementar la
equidad y accesibilidad del sistema y cuáles no se justifican por razones económicas ni
de equidad, sino que son fruto más bien de las reivindicaciones territoriales a las que, sin
apoyos externos, no pueden sustraerse indefinidamente los poderes públicos locales o
autonómicos.
En una dirección paralela a las propuestas anteriores debe asimismo considerarse la posibilidad
de que, tras la implantación de los procedimientos de información adecuados, se
ponga en marcha un sistema acordado de incentivos a la eficiencia. Y adicionalmente debería
establecerse algún mecanismo para incentivar los incrementos de población atendida
directamente por los servicios públicos, a partir de decisiones voluntarias de los ciudadanos
que dependen en la actualidad de las mutualidades, entidades y empresas colaboradoras
49 , o el ahorro de gasto farmacéutico.
Las críticas razonables que se han lanzado en contra de la configuración del nuevo Impuesto
sobre la Venta Minorista de Hidrocarburos no tienen por qué extenderse a todas las
figuras tributarias nuevas. En este sentido, si las necesidades objetivas del Sistema Sanitario
lo exigen porque se haya producido una grave situación de insuficiencia, es sin duda
preferible para asegurar la equidad y suficiencia del sistema que se estudien fórmulas como
el establecimiento de un impuesto específico para la financiación de la sanidad antes que
la utilización de fórmulas de copago que afecten a prestaciones básicas, y pongan en
peligro la accesibilidad a estas prestaciones de los grupos sociales con menos poder de
compra. La propuesta de un impuesto específico afectado a la financiación de la sanidad se
sitúa en línea con el impuesto italiano destinado a tal finalidad o las propuestas canadienses
comentadas en el capítulo anterior.
Alternativamente puede defenderse que las CC AA vean incrementada su capacidad normativa
en la imposición indirecta sobre la producción y venta de bebidas alcohólicas y
tabaco, considerando la eventual aplicación de impuestos sobre venta minorista en estos
49
En realidad, en el sistema actual, los aumentos de población protegida no aseguran un aumento de
recursos equivalente al crecimiento del gasto generado. En ese sentido, podría decirse que el sistema tiene
un incentivo perverso para estimular la salida de los empleados públicos desde el sistema público al de
mutuas y entidades colaboradoras.
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