31/2003 La sanidad en el nuevo modelo de financiación autonómica

Jesús Ruiz-Huerta Carbonell y Octavio Granado Martínez
blema básico podrían hacerse dos sugerencias mínimas en cuanto al tratamiento de la información.
La primera hace referencia al Sistema de Información Sanitaria regulado en el capítulo V
de la Ley de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud. Como se ha puesto de
manifiesto en el apartado anterior, la falta de una definición expresa sobre la colaboración
efectiva y al mismo nivel entre el Estado y las CC AA en el órgano que debe acumular y
tratar esta información, algo que sólo puede conseguirse con una estructura independiente
de los dos niveles de Administración, implica que la asignación de fondos siga siendo fruto
de negociaciones basadas en la capacidad de presión de los interlocutores, más que en datos
solventes, aceptados por todos y elaborados por especialistas reconocidos.
La segunda sugerencia alude al tipo de información relevante desde el punto de vista económico.
En este sentido, urge una protocolización urgente de indicadores sobre recursos,
procesos, financiación, población atendida, etc., y la realización de informes periódicos que
cuenten con la aceptación y el respaldo del conjunto de gestores sanitarios. No deja de
resultar sorprendente que los indicadores oficiales comparativos de gestión sanitaria que
son conocidos por la opinión pública española sean los elaborados por el Tribunal de Cuentas,
el Defensor del Pueblo u otros organismos poco relacionados específicamente con las
políticas de salud. Aunque muy poco puedan servir de ejemplo, los Informes sobre la
gestión de Tributos Cedidos por parte de las CC AA que anualmente acompañan al Proyecto
de Presupuestos Generales del Estado tienen la utilidad muy estimable de proporcionar
series amplias en el tiempo de indicadores claves para la toma de decisiones económicas.
En este sentido, desde nuestro punto de vista:
a) debe asegurarse la existencia de un organismo coparticipado de dirección del Sistema
de Información Sanitaria entre el Estado y las CC AA, funcionalmente dependiente del
órgano directivo sugerido en el apartado anterior, que posibilite un mayor grado de
confianza y de autoridad en el funcionamiento del sistema;
b) deberían realizarse informes bienales a partir de los indicadores más relevantes para facilitar
la toma de decisiones en materia de financiación sanitaria por parte de especialistas
reconocidos y técnicos de las administraciones central y autonómicas, una vez alcanzado
un “consenso técnico” sobre indicadores, variables y bases de datos disponibles.
6.6 Suficiencia dinámica y equidad territorial:
obligación de gasto, afectación, garantía y asignaciones de nivelación
En los apartados precedentes se ha realizado una descripción de los sistemas actuales de
garantía de ingresos, en función de la evolución del PIB para los tres primeros años de
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