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En España la autorización previa para procesar a los funcionarios serecibió de Francia en la Constitución de Bayona, y posteriormente seinstitucionaliza con la creación, a imagen y semejanza del francés, delConsejo de Estado de 1845. Esta técnica funcionó efectivamente, frente a lasde contrariar opiniones de los liberales radicales, hasta su derogación por laConstitución de 1869, no obstante, La Constitución Canovista de 1876, volvióa mencionar la autorización previa remitiéndose a una ley que no llegó adictarse. Y por último, la Ley de Régimen Jurídico de la Administración delEstado de 1957 afirmó, cuando ya no funcionaba desde el pasado siglo, laínnecesariedad de la autorización previa para procesar a los funcionarios. 45Ahora bien, cuando formalmente se derogó en Francia, en 1870, latécnica de la autorización previa, la protección de los funcionarios seencontraba en otra técnica, el sistema de conflictos, mediante la cual laAdministración obligada a plantearlo a los Tribunales siempre que seejercitase una acción civil o penal contra aquéllos, a fin de que el Tribunal deConflictos decidiese si el funcionario había cometido una falta personal, esdecir, motivado por sus pasiones y debilidades propias, en cuyo caso deberíaresponder ante los Tribunales comunes, o bien su conducta se inscribía en elconcepto de falta del servicio, lo que determinaba la responsabilidad directade la Administración y su exculpación. Esta técnica, todavía se encuentravigente en el Derecho francés, y se configura garantizadora de laindependencia de la Administración y del funcionario, pues «siempre que unfuncionario es perseguido por un tercero por falta de servicio, y si el conflictode atribuciones no ha sido interpuesto, la Administración debe, en la medidaen que no se trata de una falta personal separarle del ejercicio de sus45IBIDEM, Pág. 507.35