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culminar, como es bien sabido, en el castigo máximo aplicado al soberanomismo.En cuanto se fueron logrando mayores limitaciones al ejercicio delpoder, se introdujeron mecanismos para exigir responsabilidad a los titularesde los órganos de autoridad y a sus colaboradores, especialmente en cuantose consagró el sistema de la división o separación de las funciones, quesiguiendo las enseñanzas de Carlos María de Secondat, Barón deMontesquieu, se estableció como un verdadero dogma del constitucionalismodel siglo XIX, en virtud de que precisamente la distribución de poder entrevarios organismos tenía y tienen el objetivo esencial de que cada uno deellos sirva de freno y contrapeso a los demás, y uno de estos contrapesos esprecisamente la exigencia de las responsabilidad a los funcionarios.Dicha responsabilidad, por otra parte, está estrechamente vinculadacon la situación jurídica de un sector de los funcionarios a los cuales seconsidera necesario proteger para evitar que sus actividades se vea ndificultadas por la acción de otros funcionarios o los órganos del poder a loscuales estos últimos pertenecen. Estos instrumentos titulares reciben ladenominación de inviolabilidad e inmunidad, conocida la segunda entrenosotros con el nombre de “Fuero Constitucional”.La inviolabilidad surgió históricamente para proteger a los miembrosdel Parlamento Inglés contra persecuciones de la Corona por sus opiniones oactividades de carácter legislativo, y actualmente es una regla prácticamenteuniversal la de que los legisladores están provistos de esta inmunidadabsoluta de manera que no pueden ser perseguidos por las expresiones o suconducta realizadas en ejercicio de sus funciones parlamentarias y que seextiende también al recinto o recintos en los cuales se efectúen. Como49