Sentencia TC-0493-15

República Dominicana
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
c. Ambas salas evadieron contestar el alegato de inconstitucionalidad de la
recurrente, en el sentido de que la determinación de oficio hecha por la
Dirección General de Impuestos Internos, en perjuicio de Inversiones Vilazul,
S.A., violó el principio de legalidad, al considerar como base del tributo
parámetros de un inexistente acuerdo de precios anticipados, actuando al
margen del artículo 93 de la Constitución.
d. También se violó, con la determinación de oficio, el artículo 51 de la
Constitución, pues estimar ingresos basados en precios de Internet, paquetes o
comparaciones equivale a una confiscación de bienes.
e. Cuando una determinación de oficio no se practica con apego a los
principios legales, debe ser anulada por ser contraria al artículo 6 de la
Constitución.
f. En una sociedad democrática, la ley está condicionada a principios
doctrinarios, y en el orden tributario predominan tres (3): principio de la
certidumbre, principio de la no confiscatoriedad, principio de la legalidad, los
cuales están en armonía con el artículo 243 de la Constitución. Dichos
principios han sido violados en el presente caso.
g. El Tribunal Superior Administrativo afirma en su sentencia que, al
verificarse la constitucionalidad de las disposiciones legales aplicadas, se hace
innecesaria la celebración de audiencia, lo cual choca directamente con el
artículo 69.4 de la Constitución, que consagra el derecho a un juicio público,
oral y contradictorio, pues la única posibilidad de defensa efectiva con que
contaba el contribuyente era el poder demostrar, con medidas de instrucción,
que su contabilidad realmente estaba bien llevada, con todos sus aportes y
justificantes, y que la misma reflejaba la realidad de los hechos generadores
Expediente núm. TC-04-2013-0009, relativo al recurso de revisión constitucional de decisiones jurisdiccionales incoado
por Inversiones Vilazul, S.A. (propietaria de Hotel Sunscape The Beach Punta Cana), contra la Sentencia núm. 118-2011
dictada por la Segunda Sala del Tribunal Superior Administrativo el doce (12) de octubre de dos mil once (2011); y la
Sentencia núm. 586, dictada por la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia el cinco (5) de septiembre de dos mil
doce (2012).
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