Sentencia TC-0493-15

República Dominicana
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
criterio de este tribunal que precisamente el Código Tributario en su
artículo 44 le otorga a la Dirección General de Impuestos Internos, la
Facultad de Inspección y Fiscalización, cuya labor es precisamente
entre otras funciones, la de: “practicar inspecciones en oficinas,
establecimientos comerciales e industriales, medios de
transporte…;examinar y verificar los libros, documentos, bienes,
mercancías inspeccionadas y tomar medidas de seguridad para su
conservación en el lugar en que se encuentran…; exigir que los
registros contables estén respaldados por los comprobantes
correspondientes…requerir, verificar y practicar inspecciones de los
medios e almacenamiento de datos utilizados en sistema de
computación donde se procese información vinculada con la materia
tributaria.” Que de lo anterior se colige que con esas funciones lo que
la Administración Tributaria verificada y obliga a que la contabilidad
del contribuyente este apegada a la ley tributaria, por lo que el
pedimento de la recurrente resulta improcedente y sin fundamento
legal, en consecuencia se rechaza dicho pedimento.
CONSIDERANDO: Que es necesario precisar que la recurrente no le
suministró a la Administración Tributaria información suficiente
sobre los libros y sus asientos contables, y como su contabilidad
contiene informaciones de imposible comprobación, la Dirección
General de Impuestos Internos no pudo verificar parte de los datos
consignados en sus declaraciones juradas, lo que dio origen para que
la DGII investigara y decidiera, bajo un método de hechos y
circunstancias, que por su vinculación o conexión con los hechos que
la ley ha previsto en su presupuesto, le permitiera deducir la
existencia de la obligación tributaria.
Expediente núm. TC-04-2013-0009, relativo al recurso de revisión constitucional de decisiones jurisdiccionales incoado
por Inversiones Vilazul, S.A. (propietaria de Hotel Sunscape The Beach Punta Cana), contra la Sentencia núm. 118-2011
dictada por la Segunda Sala del Tribunal Superior Administrativo el doce (12) de octubre de dos mil once (2011); y la
Sentencia núm. 586, dictada por la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia el cinco (5) de septiembre de dos mil
doce (2012).
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