Sentencia TC-0493-15

República Dominicana
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
10.1.20 En el caso que nos ocupa, la Dirección General de Impuestos
Internos, en ejercicio de sus facultades, realizó de oficio la determinación de la
obligación tributaria de Inversiones Vilazul, S.A., por la causa establecida en
el inciso 2 del artículo 66 del Código Tributario, esto es, porque la declaración
presentada por la hoy recurrente no le mereció fe, al generar dudas sobre su
veracidad o exactitud.
10.1.21 Para realizar dicha determinación, la Administración Tributaria,
según estableció la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia en la
Sentencia núm. 586, utilizó los servicios de una empresa privada que realizó
un estudio de las tarifas de los hoteles de iguales características de la zona,
mediante llamadas telefónicas y mediante la revisión de páginas de Internet.
10.1.22 No cabe duda de que la Dirección General de Impuestos Internos
ha sido facultada para determinar de oficio la obligación tributaria sobre base
presunta; sin embargo, al tratarse de un mecanismo excepcional,
constitucionalmente aceptable siempre y cuando se justifique la imposibilidad
del uso del método sobre base cierta, era deber de los órganos judiciales
correspondientes verificar si, en efecto, la Administración Tributaria había
señalado los hechos y circunstancias que le impedían utilizar el método de
base cierta. El Tribunal Constitucional no ha podido verificar, en el análisis de
la decisión jurisdiccional impugnada, que los órganos judiciales realizaron tal
verificación.
10.1.23 La Administración Tributaria está facultada para fiscalizar,
inspeccionar e investigar, conforme a las previsiones de los artículos 32 y 44
del Código Tributario. Tales facultades le son conferidas con la finalidad de
que sean cumplidas las respectivas obligaciones de los contribuyentes y, en tal
Expediente núm. TC-04-2013-0009, relativo al recurso de revisión constitucional de decisiones jurisdiccionales incoado
por Inversiones Vilazul, S.A. (propietaria de Hotel Sunscape The Beach Punta Cana), contra la Sentencia núm. 118-2011
dictada por la Segunda Sala del Tribunal Superior Administrativo el doce (12) de octubre de dos mil once (2011); y la
Sentencia núm. 586, dictada por la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia el cinco (5) de septiembre de dos mil
doce (2012).
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