Sentencia TC-0493-15

República Dominicana
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
inconstitucionalidad de violación al principio de legalidad y de
derecho de propiedad por parte de la Administración Tributaria, al
determinar de oficio la obligación tributaria descartando parte de su
contabilidad; sobre este particular el tribunal es de criterio que
cuando la Dirección General de Impuestos Internos determina la
obligación tributaria de cualquier contribuyente esta (sic) haciendo
uso de la potestad que le otorga el mismo legislador, en el artículo 45
del Código Tributario, por lo que en ese sentido sus actuaciones están
de conformidad con la ley. Y en cuanto a que la violación del Derecho
de Propiedad que alega la recurrente, se precisa señalar, que es la
propia Constitución que indica en su artículo 75, que tributar es un
deber fundamental, de acuerdo con la ley y con la capacidad
contributiva, para financiar los gastos e inversiones públicos, porque
de lo contrario el Estado como tal no podría obtener la consecución
de su propio fin. Que cabe agregar que al tenor del 243 de la misma
Constitución, los principios rectores que regulan el régimen tributario
de nuestro país son, principio de legalidad, justicia, igualdad y
equidad para que cada ciudadano pueda cumplir con el
mantenimiento de las cargas públicas, por lo que el derecho de
propiedad de la recurrente no se ha sido violado, ni tampoco limitado
por la Dirección General de Impuestos Internos, ya que solo está
ejerciendo una potestad otorgada por la ley y la Constitución, y al
tenor de dicho artículo todo el mundo está obligado a contribuir con
las cargas públicas, por lo que en consecuencia se rechaza en este
sentido dicho pedimento.
CONSIDERANDO: Que en relación con el pedimento de la recurrente
de que se designe una firma de reconocido prestigio internacional
para que se produzca un dictamen respecto de dicha contabilidad
para determinar si la misma cumple con los requisitos de la ley, es
Expediente núm. TC-04-2013-0009, relativo al recurso de revisión constitucional de decisiones jurisdiccionales incoado
por Inversiones Vilazul, S.A. (propietaria de Hotel Sunscape The Beach Punta Cana), contra la Sentencia núm. 118-2011
dictada por la Segunda Sala del Tribunal Superior Administrativo el doce (12) de octubre de dos mil once (2011); y la
Sentencia núm. 586, dictada por la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia el cinco (5) de septiembre de dos mil
doce (2012).
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