Sentencia TC-0493-15

República Dominicana
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
98. Discrepamos de dicho razonamiento, puesto que tal y como hemos
explicado previamente, de conformidad con las disposiciones del artículo 53.3
de la Ley núm. 137-11, el Tribunal Constitucional, al pronunciarse sobre la
admisibilidad del recurso debe fundarse en la comprobación de la violación a
derechos fundamentales.
99. En efecto, el Tribunal Constitucional debe, primero, verificar la
vulneración a un derecho fundamental y, a partir de esa verificación, continuar
con la evaluación de los requisitos posteriores.
100. Asimismo, el hecho de que una sentencia no haya sido dictada por la
Suprema Corte de Justicia, no impide que adquiera la autoridad de cosa
irrevocablemente juzgada, y que, por tanto, pueda ser recurrida por ante este
tribunal constitucional.
101. Entonces, verificado el hecho de que ambas decisiones han adquirido la
condición de autoridad de cosa irrevocablemente juzgada, y sólo luego de
verificado –aún mínimamente– que en el caso existe una violación a algún
derecho fundamental, se procederá a la verificación de los requisitos
establecidos en los literales a), b) y c), así como en el párrafo –relativo este a
la especial transcendencia–, todos del artículo 53.3. El Tribunal siempre debe
evaluar la concurrencia de estos requisitos, previo a conocer el fondo de la
cuestión.
102. Enfatizamos que el recurso de revisión de decisión jurisdiccional es un
recurso excepcional y extraordinario que debe pasar por un filtro para poder
ser admitido. Por tanto, la evaluación exhaustiva de estos requisitos es
imprescindible para el buen funcionamiento de esta figura procesal
constitucional.
Expediente núm. TC-04-2013-0009, relativo al recurso de revisión constitucional de decisiones jurisdiccionales incoado
por Inversiones Vilazul, S.A. (propietaria de Hotel Sunscape The Beach Punta Cana), contra la Sentencia núm. 118-2011
dictada por la Segunda Sala del Tribunal Superior Administrativo el doce (12) de octubre de dos mil once (2011); y la
Sentencia núm. 586, dictada por la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia el cinco (5) de septiembre de dos mil
doce (2012).
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