Sentencia TC-0493-15

República Dominicana
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
hechos y, desde esa mirada, realizar las comprobaciones que sean pertinentes
–entre ellas, la fundamental de que se haya producido una violación de un
derecho fundamental–.
94. Todo esto adquiere mayor relevancia, cuando se atiende la clara
indicación de la realidad: tal como ha ocurrido en España –según ha revelado
el exmagistrado del Tribunal Constitucional español, Pablo Pérez Tremps–,
también en nuestro país, las violaciones a derechos fundamentales reclamadas
en el marco de estos recursos son usualmente procesales 50 , cuya comprobación
es objetiva y supone un riesgo mínimo, por no decir inexistente, de que el
Tribunal violente los límites y pase a revisar los hechos.
95. Así, la imposibilidad de revisar los hechos es una norma mal entendida
que ha conducido a una conclusión equivocada –la imposibilidad de verificar
la violación de un derecho fundamental a la entrada del recurso– y,
consecuentemente, a desvirtuar sus requisitos de admisibilidad.
IV. SOBRE EL CASO CONCRETO.
96. En la especie, el recurrente alega conculcación al derecho de propiedad,
como consecuencia de la violación al principio de no confiscatoriedad, al
principio de legalidad y al derecho de defensa.
97. Para fundamentar la admisibilidad del recurso contra la Sentencia núm.
586, e inadmitirlo contra la Sentencia núm. 118-2011, la mayoría de este
tribunal, en el primer caso, omitió comprobar previamente la conculcación a
derechos fundamentales; y en el segundo caso, consideró que no procede
contra decisiones susceptibles del recurso de casación.
50
Es eso, justamente, lo que se aprecia al analizar los recursos de revisión de decisión jurisdiccional interpuestos ante el
Tribunal Constitucional dominicano: de ochenta y nueve (89) analizados al trece (13) de octubre del año dos mil catorce
(2014), en sesenta y seis (66) lo que se invoca es la violación de la tutela judicial efectiva y del debido proceso.
Expediente núm. TC-04-2013-0009, relativo al recurso de revisión constitucional de decisiones jurisdiccionales incoado
por Inversiones Vilazul, S.A. (propietaria de Hotel Sunscape The Beach Punta Cana), contra la Sentencia núm. 118-2011
dictada por la Segunda Sala del Tribunal Superior Administrativo el doce (12) de octubre de dos mil once (2011); y la
Sentencia núm. 586, dictada por la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia el cinco (5) de septiembre de dos mil
doce (2012).
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