Sentencia TC-0493-15

República Dominicana
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
ocurridos en su empresa. Sin esa medida, afirma, era imposible defenderse
adecuadamente.
h. A Inversiones Vilazul, S.A. se le ha hecho una determinación impositiva
que viene a constituir una confiscación de una parte sustancial del capital de la
sociedad, atentando contra su derecho de propiedad, lo que es contrario al
principio de la no confiscatoriedad.
5. Hechos y argumentos jurídicos de la parte recurrida en revisión
constitucional de decisiones jurisdiccionales
5.1 La parte recurrida, Dirección General de Impuestos Internos, depositó su
escrito de defensa en la Secretaría General de la Suprema Corte de Justicia el
catorce (14) de diciembre de dos mil doce (2012). En el expediente no existe
constancia de que dicho escrito fue notificado a la parte recurrente, en
cumplimiento a lo previsto en el artículo 54.3 de la Ley núm. 137-11.
5.2 La recurrida pretende que se declare inadmisible el presente recurso y, en
su defecto, que se rechace tanto la demanda en suspensión de ejecución de
sentencia como el recurso, argumentando lo siguiente:
a. Con posterioridad a que Inversiones Vilazul, S.A. presentara las
declaraciones juradas correspondientes a los períodos fiscales enero-diciembre
de dos mil cinco (2005) y de dos mil seis (2006), la Dirección General de
Impuestos Internos inició un proceso de verificación, a raíz del cual se
determinó que la primera adeudaba al fisco. Luego de incoar un recurso de
reconsideración que fue rechazado, Inversiones Vilazul, S.A. interpuso un
recurso contencioso tributario que fue rechazado tanto por el Tribunal
Superior Administrativo como por la Suprema Corte de Justicia.
Expediente núm. TC-04-2013-0009, relativo al recurso de revisión constitucional de decisiones jurisdiccionales incoado
por Inversiones Vilazul, S.A. (propietaria de Hotel Sunscape The Beach Punta Cana), contra la Sentencia núm. 118-2011
dictada por la Segunda Sala del Tribunal Superior Administrativo el doce (12) de octubre de dos mil once (2011); y la
Sentencia núm. 586, dictada por la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia el cinco (5) de septiembre de dos mil
doce (2012).
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