Sentencia TC-0493-15

República Dominicana
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
b. El recurso de revisión que ha sido interpuesto contra sendas decisiones es
manifiestamente inadmisible, por no encontrarse presente los supuestos que
limitativamente establece el artículo 53 de la referida ley núm. 137-11, y por
no configurarse la especial trascendencia o relevancia constitucional.
c. En la especie no se configura una violación a derechos fundamentales
imputable de modo directo e inmediato a la decisión dictada por la Suprema
Corte de Justicia, sino que los argumentos de la recurrente se contraen a las
actuaciones de la Administración Tributaria y a la inconformidad de la
recurrente con las potestades de la Dirección General de Impuestos Internos
en aquellos casos en que existan indicios de que el contribuyente ha omitido u
ocultado datos en sus declaraciones juradas.
d. Lo que busca la recurrente es aplicar la regla de la cuarta instancia,
cuando la realidad es que la competencia del Tribunal Constitucional en
materia de revisión es excepcionalísima y sólo se justifica si ha existido o no
una omisión o acción por parte del órgano jurisdiccional en la sentencia
revisada, pero jamás como una licencia para penetrar en un nuevo examen de
los hechos que han sido irrevocablemente juzgados.
e. Por otro lado, la solicitud de suspensión provisional de la ejecución de la
sentencia dictada por la Suprema Corte de Justicia es manifiestamente
improcedente, pues no existe razón atendible que la justifique, ni el daño
irreversible que se intente evitar con tal medida.
f. El presente recurso se extiende a cuestiones de hecho que escapan del
escrutinio de esta jurisdicción y que no son capaces de configurar violación de
orden legal o de orden constitucional alguna.
Expediente núm. TC-04-2013-0009, relativo al recurso de revisión constitucional de decisiones jurisdiccionales incoado
por Inversiones Vilazul, S.A. (propietaria de Hotel Sunscape The Beach Punta Cana), contra la Sentencia núm. 118-2011
dictada por la Segunda Sala del Tribunal Superior Administrativo el doce (12) de octubre de dos mil once (2011); y la
Sentencia núm. 586, dictada por la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia el cinco (5) de septiembre de dos mil
doce (2012).
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