Sentencia TC-0493-15

República Dominicana
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
74. Se ha dicho, en efecto, que el Tribunal no puede verificar la violación de
un derecho fundamental, como exige el 53.3, porque no puede revisar los
hechos, como consagra el 53.3.c).
75. Resulta interesante, por cierto, notar que este planteamiento no cuestiona
la pertinencia de comprobar, a la entrada del recurso, que “se haya producido
una violación de un derecho fundamental”, sino que se resigna ante la
supuesta imposibilidad de hacerlo.
76. Resulta igualmente interesante -y hasta curioso- apreciar que, sin que se
aporte alguna explicación razonable, tal imposibilidad no se considere para
verificar, también a la entrada del recurso, la invocación previa de la
vulneración reclamada, ni para comprobar el agotamiento previo de todos los
recursos disponibles sin que la violación haya sido subsanada, ni para
establecer la imputabilidad inmediata y directa al órgano jurisdiccional del que
proviene la decisión recurrida.
77. En relación con esto último, sin embargo, precisamos que, por ejemplo,
la comprobación de que el derecho de defensa, cuya vulneración usualmente
sirve de base a este recurso, no se ha producido en vista de que la recurrente
participó en el proceso y defendió sus intereses, en nada se diferencia de la
comprobación de que el derecho vulnerado se invocó previamente en el
proceso ni de la comprobación de los otros dos requisitos del 53.3. Cada una
de estas actuaciones se relaciona de la misma forma con los hechos. Ninguna
de aquellas implica la revisión de estos. Y lo mismo, pues, debería
considerarse a la hora de comprobar que “se haya producido una violación de
un derecho fundamental”.
78. En todo caso, como ya avanzamos y demostraremos en estas líneas, esa
imposibilidad no es tal, es una imposibilidad mal entendida.
Expediente núm. TC-04-2013-0009, relativo al recurso de revisión constitucional de decisiones jurisdiccionales incoado
por Inversiones Vilazul, S.A. (propietaria de Hotel Sunscape The Beach Punta Cana), contra la Sentencia núm. 118-2011
dictada por la Segunda Sala del Tribunal Superior Administrativo el doce (12) de octubre de dos mil once (2011); y la
Sentencia núm. 586, dictada por la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia el cinco (5) de septiembre de dos mil
doce (2012).
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