Sentencia TC-0493-15

República Dominicana
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
10.1.4 La parte recurrida sostiene que su facultad para determinar de
oficio la obligación tributaria de un contribuyente se encuentra configurada en
el artículo 65 del Código Tributario dominicano, por lo que, en este caso, su
actuación no se ha apartado de los cánones legales ni constitucionales.
10.1.5 Sobre el particular, la Tercera Sala de la Suprema Corte de
justicia afirmó, mediante la referida sentencia núm. 586, que cuando la
Dirección General de Impuestos Internos determina la obligación tributaria de
cualquier contribuyente, está haciendo uso de la potestad que le otorgó el
mismo legislador en virtud del artículo 93 de la Constitución, por lo que no se
configura violación alguna al texto constitucional.
10.1.6 Visto lo anterior, el Tribunal Constitucional, partiendo de los
hechos ya establecidos por las jurisdicciones competentes, ha podido
determinar que la Dirección General de Impuestos Internos decidió, de oficio,
determinar la obligación tributaria de Inversiones Vilazul, S.A., partiendo de
la facultad que –sostiene– le es dada por el artículo 45 de la Ley núm. 11-92,
Código Tributario dominicano.
10.1.7 La determinación de la obligación tributaria es definida por
Carlos María Giuliani Fonrouge como el acto o la serie de actos necesarios
para la comprobación y la valoración de los diversos elementos constitutivos
de la deuda impositiva (presupuesto material y personal, base imponible), con
la consiguiente aplicación del tipo gravamen y la concreta determinación
cuantitativa de la deuda del contribuyente 1 . Esta tiene efectos declarativos y
1
Derecho financiero. Citado por JINESTA LOBO, Ernesto: “Naturaleza jurídica de la determinación de la obligación
tributaria”. [En línea] disponible: 29 de julio de 2014,
http://www.ernestojinesta.com/ernesto%20jinesta/curriculum%20y%20art.%20rev/NATURALEZA%20JURIDICA%20D
E%20LA%20DETERMINACION%20DE.PDF
Expediente núm. TC-04-2013-0009, relativo al recurso de revisión constitucional de decisiones jurisdiccionales incoado
por Inversiones Vilazul, S.A. (propietaria de Hotel Sunscape The Beach Punta Cana), contra la Sentencia núm. 118-2011
dictada por la Segunda Sala del Tribunal Superior Administrativo el doce (12) de octubre de dos mil once (2011); y la
Sentencia núm. 586, dictada por la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia el cinco (5) de septiembre de dos mil
doce (2012).
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