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la igualdad del siglo XXI es la igualdad de oportunidades
-­‐ Garantizaremos un amplio abanico de servicios socio-sanitarios orientado a la
universalización de los mismos, con especial atención a las necesidades de las
personas con enfermedades crónicas, mentales, y neurodegenerativas.
Impulsaremos aún más la cooperación con el Tercer Sector y los interlocutores
sociales.
-­‐ Apoyaremos a los profesionales de los servicios del sistema, mejorando la calidad
de su empleo y su cualificación profesional. Promoveremos la certificación de la
experiencia profesional de las personas cuidadoras familiares para que puedan
acceder a empleos en el sistema.
6 Por la igualdad
El cambio social más importante de las últimas décadas es el que han protagonizado
las mujeres en las sociedades desarrolladas, con implicaciones de gran trascendencia
en múltiples ámbitos. Los socialistas han impulsado y acompañado ese proceso,
facilitando un salto cualitativo incomparable que ha posicionado a España a la
vanguardia europea. Es de justicia destacar la contribución del movimiento feminista
en este avance histórico y reconocer la capacidad de interlocución social de sus
organizaciones. Los gobiernos socialistas de los últimos ocho años son los que más
han hecho en este país por la igualdad efectiva de las mujeres y en el menor lapso de
tiempo.
6.1 Seguir avanzando para no retroceder. Completar el desarrollo normativo
El marco jurídico del que nos hemos dotado ha supuesto transformaciones de fondo
impensables hace pocos años. La ley de Igualdad tiene como finalidad última la
efectiva igualdad entre mujeres y hombres, promoviendo la plena incorporación de las
mujeres a la vida social superando cualquier tipo de discriminación laboral, cultural,
económica y política. Gracias al marco propositivo que se desarrolla en la Ley de
Igualdad se han incorporado a la cultura política nuevos conceptos y nuevos retos:
democracia paritaria, corresponsabilidad y transversalidad de género entre otros. La
Ley contra la Violencia de Género es el mejor instrumento jurídico capaz de
proporcionar una respuesta global a la violencia que se ejerce contra las mujeres, a
sus hijos e hijas, proporcionando un entorno social de repulsa a la violencia machista.
La Ley de Salud Sexual y Reproductiva y de Interrupción Voluntaria del Embarazo es
parte fundamental de las políticas preventivas y del derecho a la salud pública; su
aprobación ha supuesto el reconocimiento del derecho de las mujeres a decidir sobre
su propia maternidad, terminando con la inseguridad jurídica que afectaba a las
mujeres y a los profesionales sanitarios que intervenían en las interrupciones de
embarazos no deseados.
Las políticas de igualdad son la mayor garantía de prosperidad económica y social. Sin
embargo, aún queda mucho por consolidar. Completaremos los desarrollos normativos
y las dotaciones de recursos de todo tipo previstas en la ley de igualdad efectiva entre
mujeres y hombres y la ley contra la violencia de género. Ambas han supuesto
transformaciones de fondo que es necesario asentar.
Seguiremos desarrollando reglamentariamente estas leyes realizando evaluaciones
periódicas de su aplicación, con el objetivo de corregir disfuncionalidades y redoblar
esfuerzos allí donde sea necesario.
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