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una economía sana y competitiva
-­‐ Activar la reforestación y la gestión forestal sostenible, para mejorar la situación de
nuestros montes, reducir los factores que aumentan la probabilidad de incendios, y
compatibilizar el uso de recursos forestales con su función ecológica.
-­‐ Promover, mediante el incentivo del uso de biomasa como fuente energética
renovable y autóctona, la transformación de tierras no aprovechadas en agricultura
para usos adecuados a estos fines y la activación de los mecanismos previstos en
la Ley de Economía Sostenible.
5.4 Mayor eficiencia en el uso de los recursos
En todas nuestras decisiones, tanto de producción como de consumo, deberíamos
siempre perseguir el objetivo de alcanzar la máxima eficiencia en la utilización de los
recursos. Por un lado, esto implica transformar los procesos productivos, para lograr
que el uso de la energía, el agua, los materiales, etc. se reduzca a las mínimas
cantidades necesarias. Y por otro lado, que los procesos de envasado, embalaje y
transporte se optimicen para evitar la utilización de determinados materiales y para
contribuir a reducir las cantidades de residuos.
La eficiencia en la producción, pero también en el consumo a través de una utilización
racional de los bienes materiales y su adecuación a las necesidades reales, debe ser
uno de nuestros instrumentos para lograr una mayor sostenibilidad. Para ello, hay que
fomentar el aprovechamiento de los bienes, evitar comportamientos de “usar y tirar”,
que no tienen en cuenta los costes medioambientales de la fabricación de los
productos, y optimizar el tratamiento de los residuos generados en todos los procesos
de producción y consumo.
El agua constituye uno de los recursos naturales escasos más importantes para
España. Por ello, resulta crucial que una de las principales políticas en materia de uso
eficiente de los recursos sea una estrategia coherente para abordar la disponibilidad
del recurso agua y su utilización racional.
En los últimos años, el gobierno socialista ha llevado a cabo importantes mejoras en la
gestión pública del agua, así como ingentes inversiones públicas en la modernización
de regadíos, en la construcción de plantas de desalación, de depuración y de
reutilización, así como otras infraestructuras, que en la anterior legislatura permitieron
superar una de las sequías más graves sufridas en España sin ninguna interrupción en
el suministro de agua potable para abastecimiento.
En materia de política de agua:
-­‐ Convocaremos a todos los agentes sociales, económicos y políticos para alcanzar
una política de agua compartida acorde con las directivas europeas, en el que
debe considerarse la construcción de nuevas infraestructuras como la última
opción a valorar –tras el ahorro, la mayor eficiencia, la reutilización y la
reasignación de concesiones existentes- si no existiesen otras alternativas viables,
teniendo en cuenta su coste económico y ambiental. Se trata, por tanto, de abordar
las obras hidráulicas en España con un criterio mucho más selectivo que en el
pasado, acorde con las necesidades de contención del déficit público, las mayores
exigencias de conservación de nuestros ríos, y las prospectivas de disponibilidades
futuras de recursos hídricos que acompañan a los diagnósticos en materia de
Cambio Climático, promoviendo un mejor uso de las infraestructuras ya existentes,
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