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una economía sana y competitiva
-­‐ Aprobar una Ley de Cambio Climático que establezca la senda de reducción de
CO2 a 2050 marcando objetivos para 2025, 2030 y 2040; integrando la obligación
de acompañar los Presupuestos Generales del Estado con presupuestos de
carbono e incorporando la obligación de presentar cuentas anuales con estimación
de huella ecológica en el registro mercantil.
-­‐ Fomentar proyectos domésticos que permitan acometer reducciones cuantificables
por encima de los niveles que pudiera exigir la legislación establecida, y que estas
reducciones entren en el ámbito de actuación del fondo de compra de créditos de
carbono previsto en la Ley de Economía Sostenible.
-­‐ Impulsar una revisión coordinada de los instrumentos de planificación en aquellos
sectores que se consideran más vulnerables con el fin de garantizar la adecuada
integración de la adaptación al cambio climático.
-­‐ Consolidar el papel de España como uno de los actores claves y de referencia en
la esfera mundial, y promover a nivel comunitario una posición de negociación
ambiciosa por parte de la UE en los foros internacionales.
5.2 Biodiversidad y protección del litoral
España es uno de los países con mayor biodiversidad de Europa. Sin embargo, cada
año acumulamos más deuda ecológica, consumiendo y derrochando nuestro capital
natural, privatizando los beneficios que ofrecen los servicios de los ecosistemas y
socializando para siempre las cargas y costes de su reparación o pérdida.
Nuestra apuesta a corto y medio plazo pasa por una gestión eficiente de los recursos
naturales. Una gestión sostenible. En definitiva, una gestión responsable, capaz de
integrar el valor del capital natural en la transversalidad de todas nuestras políticas.
Introducir la biodiversidad como componente de las grandes políticas sectoriales,
desde el punto de vista económico, no sólo es conveniente sino que es necesario. De
hecho, ésta es una de las condiciones para que los sectores agrario y pesquero sigan
recibiendo fondos europeos.
La redefinición de las políticas agrarias y pesqueras en la Unión Europea nos ofrece
una magnífica oportunidad, más equitativa socialmente hablando, dado que son las
pequeñas explotaciones agrarias, muchas de ellas en espacios Red Natura, las que
salen beneficiadas de una PAC más verde, que reconozca los beneficios que aporta a
la comunidad su preservación y custodia. De acuerdo a las bases desarrolladas en
esta legislatura, debemos apoyar un modelo de desarrollo rural sostenible que
potencie la creación de empleo y revierta el despoblamiento de nuestro medio rural.
Necesitamos invertir en biodiversidad, y para ello proponemos:
-­‐ Elaborar y aplicar planes sectoriales que garanticen la eficacia del Plan Estratégico
Estatal del Patrimonio Natural y la Biodiversidad en el turismo, la energía, el
comercio exterior, la agricultura, la pesca, el transporte y el agua.
-­‐ Aprobar una Estrategia Nacional que permita coordinar las acciones urbanísticas y
de ordenación del territorio de todas las administraciones, integrando las
estrategias de adaptación al cambio climático y la puesta en valor de nuestros
recursos naturales.
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