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democracia
Conferencia de Presidentes, las Conferencias Sectoriales y todos los marcos y
mecanismos de colaboración institucional multilateral, sin perjuicio del reconocimiento
y actuación de los bilaterales en sus ámbitos propios, tal como están definidos en los
Estatutos de Autonomía y en la legislación.
Impulsaremos la reorganización de los gobiernos locales y la modernización profunda
de las Diputaciones Provinciales. La nueva configuración de la administración local de
carácter supramunicipal debe tener presente la existencia de una administración
autonómica con servicios de carácter provincial, el reforzamiento tanto político como
técnico de los ayuntamientos, y el papel de supletoriedad que la Constitución y sus
leyes de desarrollo le asigna respecto a los municipios. En este sentido, Andalucía,
con sus leyes municipales, es una referencia para conseguir una administración local
más simplificada, eficiente y eficaz. La transformación de las Diputaciones Provinciales
en Consejos de Alcaldes permitirá la delimitación de sus competencias, la
simplificación de su estructura y la reducción significativa de la representación política,
garantizando los puestos de trabajo de los funcionarios y el personal de las actuales
Diputaciones. Debe otorgarse tratamiento diferenciado para los Consejos Insulares o
Cabildos que son instituciones locales y, en consecuencia, abogamos por mantenerlos
y afianzarlos.
Desarrollaremos las disposiciones de la Ley 7/1985, de 2 de Abril, Reguladora de las
Bases de Régimen Local, relativas a las relaciones entre los niveles estatal,
autonómico y local. Específicamente, el Gobierno de la nación fomentará la realización
de convenios y consorcios administrativos, y propiciará la creación de órganos de
colaboración y de coordinación entre las Administraciones, sobre todo en el ámbito de
la prestación de servicios sociales.
Las modificaciones legislativas que afectan al mundo local habrán de tener en cuenta
la realidad de nuestra estructura municipal, que tiene 5.791 municipios de menos de
2.000 habitantes. Las leyes y reglamentos habrán de adecuarse a las posibilidades de
gestión de dichos municipios. Igualmente las modificaciones legislativas contemplaran
que los servicios no obligatorios para municipios de menos de 5.000
habitantes puedan ser prestados mediante mancomunidades, comarcas, consorcios u
otros regímenes asociativos.
La financiación local ha sido objeto de actuaciones extraordinarias a lo largo de la
legislatura que han proporcionado a los municipios fondos adicionales de inversión por
valor de 13.000 millones de euros. Además, se han afrontado otra serie de
actuaciones excepcionales para proporcionar a las Entidades locales líneas de crédito
que les han permitido atender a sus necesidades, a pesar de las dificultades
financieras por las que atraviesan el conjunto de Administraciones públicas.
Sin embargo, la situación económica ha hecho imposible debatir e impulsar un nuevo
marco de financiación local. El reto de sacar adelante ese nuevo modelo de
financiación se debe retomar con la recuperación económica y del crecimiento. Una
financiación local, estable y cierta, es garantía de la autonomía de las entidades
locales para gestionar sus intereses y para prestar servicios de calidad a la
ciudadanía.
El nuevo modelo de financiación debe proporcionar suficiencia financiera a los
municipios para atender a sus competencias. La financiación local tiene que provenir