En el caso Perozo y otros vs. Venezuela, la Corte Interamericana de ...

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-100- tampoco es claro por qué la Defensoría no actuó en este sentido. La Corte observa que la decisión de la Defensoría del Pueblo fue adoptada con evidente retardo, que no hizo notar las deficiencias señaladas en las investigaciones del Ministerio Público y, con ello, no contribuyó a modificar las faltas constatadas en las investigaciones, en los términos señalados en este caso. * * * 358. Al evaluar si las investigaciones constituyeron un medio para garantizar el derecho a la libertad de expresión y a la integridad personal, así como para prevenir violaciones a estos derechos, la Corte toma en cuenta que la pluralidad de hechos denunciados conjuntamente pudo haber contribuido a tornar compleja las investigaciones en términos globales, si bien la investigación de cada hecho en particular no necesariamente revestía mayor complejidad. Por otra parte, este Tribunal ha encontrado que muchos de los hechos fueron denunciados varias semanas, meses o incluso años luego de ocurridos. 359. En definitiva, la Corte observa que sólo se iniciaron investigaciones en 19 de los 48 hechos denunciados; que en la mayoría de esas investigaciones iniciadas se evidencia una inactividad procesal que no fue justificada por el Estado; y que en algunas de estas investigaciones no se llevaron a cabo todas las diligencias necesarias para proceder a la comprobación de la materialidad de los hechos. Además, en esas 19 investigaciones, en que no se llegó a identificar a algún responsable de los hechos, se constataron retardos en la emisión de ciertas decisiones por parte de los órganos encargados de la persecución penal, así como de aquellos que cumplen una función jurisdiccional, que no fueron justificados por el Estado. Por ello, este Tribunal encuentra que en este caso el conjunto de las investigaciones no constituyó un medio efectivo para garantizar los derechos a la integridad personal y a buscar, recibir y difundir información de las presuntas víctimas. * * * 360. Del análisis de los hechos alegados y la prueba ofrecida, quedó establecido que el contenido de los referidos pronunciamientos de altos funcionarios públicos colocaron a quienes trabajaban para este medio particular de comunicación, y no solamente a sus dueños, directivos o quienes fijen su línea editorial, en una posición de mayor vulnerabilidad relativa frente al Estado y a determinados sectores de la sociedad (supra párrs. 157 a 161). En particular, la reiteración del contenido de tales pronunciamientos o discursos durante ese período pudo haber contribuido a acentuar un ambiente de hostilidad, intolerancia o animadversión, por parte de sectores de la población, hacia las presuntas víctimas vinculadas con ese medio de comunicación. 361. Así, el conjunto de hechos probados que afectaron a las presuntas víctimas ocurrieron cuando intentaban ejercer sus labores periodísticas. En la mayoría de los hechos que fueron probados (supra párrs. 279), en varias oportunidades y en determinadas situaciones o eventos, que pudieron haber tenido un interés público o carácter o relevancia de noticia para ser eventualmente difundida, las presuntas víctimas vieron limitadas, restringidas o anuladas sus posibilidades de buscar y recibir información, en tanto equipos periodísticos, por acciones de individuos particulares que los agredieron, intimidaron o amenazaron. Asimismo, es claro para el Tribunal el efecto intimidatorio o amedrentador que esos hechos, así como otros dirigidos contra el canal Globovisión, como el lanzamiento de explosivos o bombas lacrimógenas en la sede de éste, pudieron generar en las personas que estaban presentes y trabajaban en esos momentos en dicho medio de comunicación.
-101- 362. De tal manera, la Corte considera que el conjunto de hechos probados conformaron formas de obstrucción, obstaculización y amedrentamiento para el ejercicio de las labores periodísticas de las presuntas víctimas, expresadas en ataques o puesta en riesgo de su integridad personal, que en los contextos de los referidos pronunciamientos de altos funcionarios públicos y de omisión de las autoridades estatales en su deber de debida diligencia en las investigaciones, constituyeron faltas a las obligaciones estatales de prevenir e investigar los hechos. Por ello, el Estado es responsable por el incumplimiento de su obligación contenida en el artículo 1.1 de la Convención de garantizar la libertad de buscar, recibir y difundir información y el derecho a la integridad personal, reconocidos en los artículos 13.1 y 5.1 de la Convención Americana, en perjuicio de Alfredo José Peña Isaya, Aloys Emmanuel Marín Díaz, Ana Karina Villalba, Ángel Mauricio Millán España, Aymara Anahí Lorenzo Ferrigni, Beatriz Alicia Adrián García, Carla María Angola Rodríguez, Carlos Arroyo, Carlos Quintero, Ramón Darío Pacheco Villegas, Edgar Hernández, Efraín Antonio Henríquez Contreras, Felipe Antonio Lugo Durán, Gabriela Margarita Perozo Cabrices, Janeth del Rosario Carrasquilla Villasmil, Jhonny Donato Ficarella Martín, John Power, Jorge Manuel Paz Paz, José Vicente Antonetti Moreno, Joshua Oscar Torres Ramos, Martha Isabel Herminia Palma Troconis, Mayela León Rodríguez, Miguel Ángel Calzadilla, Oscar José Núñez Fuentes, Richard Alexis López Valle, y Yesenia Thais Balza Bolívar. Además, el Estado es responsable por el incumplimiento de su obligación contenida en el artículo 1.1 de la Convención de garantizar la libertad de buscar, recibir y difundir información reconocido en el artículo 13.1 de la Convención Americana, en perjuicio de Ademar David Dona López, Carlos José Tovar Pallen, Félix José Padilla Geromes, Jesús Rivero Bertorelli, José Gregorio Umbría Marín, Wilmer Jesús Escalona Arnal, y Zullivan René Peña Hernández. IX ARTÍCULOS 13.1 Y 13.3 (LIBERTAD DE PENSAMIENTO Y DE EXPRESIÓN) Y 24 (IGUALDAD ANTE LA LEY) 331 EN RELACIÓN CON EL ARTÍCULO 1.1 DE LA CONVENCIÓN A) Pronunciamientos de funcionarios públicos relativos a la concesión con que opera el canal Globovisión 363. La Comisión consideró que los pronunciamientos del Presidente de la República y el Ministro del Interior y Justicia, señalados anteriormente, específicamente los que se refirieron a la línea informativa de los medios de comunicación privados en Venezuela, al uso del espacio radioeléctrico de propiedad estatal por Globovisión, y a vías de intervención que podría utilizar el Estado, “pueden tener el efecto de polarizar a la sociedad e influir mediante presiones arbitrarias los contenidos, las líneas informativas y, en general, las ideas y los pensamientos que transmite el medio de comunicación”. Sostuvo que una fuerte crítica a la línea informativa del medio de comunicación, seguida de posibles consecuencias por mantenerla, proveniente de una autoridad con poder decisorio sobre ellas, de las cuales dependen las posibilidades reales de funcionar, constituyen formas de restricción indirecta a la libertad de expresión. Solicitó a la Corte que declare responsable al Estado por la violación del artículo 13.1 y 13.3 de la Convención en relación con el artículo 1.1 de dicho instrumento. 331 Artículo 24. Igualdad ante la Ley Todas las personas son iguales ante la ley. En consecuencia, tienen derecho, sin discriminación, a igual protección de la ley.
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