En el caso Perozo y otros vs. Venezuela, la Corte Interamericana de ...

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-2- I INTRODUCCIÓN DE LA CAUSA Y OBJETO DE LA CONTROVERSIA 1. El 12 de abril de 2007, de conformidad con los artículos 51 y 61 de la Convención Americana, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (en adelante “la Comisión” o “la Comisión Interamericana”) sometió a la Corte una demanda contra la República Bolivariana de Venezuela (en adelante “el Estado” o “Venezuela”), en relación con el caso 12.442, el cual se originó en la denuncia 487/03 presentada en la Secretaría de la Comisión el 27 de junio de 2003 por Gabriela Perozo, Aloys Marín, Efraín Henríquez, Oscar Dávila Pérez, Yesenia Thais Balza Bolívar, Carlos Quintero, Felipe Antonio Lugo Durán, Alfredo José Peña Isaya, Beatriz Adrián, Jorge Manuel Paz Paz, Mayela León Rodríguez, Richard Alexis López Valle, Félix José Padilla Geromes, John Power, Miguel Ángel Calzadilla, José Domingo Blanco, Jhonny Donato Ficarella Martín, Norberto Mazza, Gladys Rodríguez, María Arenas, José Vicente Antonetti Moreno, Orlando Urdaneta, Edgar Hernández, Claudia Rojas Zea, José Natera, Aymara Anahi Lorenzo Ferrigni, Carlos Arroyo, Ana Karina Villalba, Wilmer Escalona Arnal, Carla María Angola Rodríguez, José Iniciarte, Guillermo Zuloaga Núñez y Alberto Federico Ravell. El 27 de febrero de 2004 la Comisión aprobó el Informe de admisibilidad No. 07/04, mediante el cual declaró admisible dicha petición. Posteriormente, el 26 de octubre de 2006 la Comisión aprobó el Informe de fondo No. 61/06, en los términos del artículo 50 de la Convención, el cual contenía determinadas recomendaciones al Estado 2 . El 12 de abril de 2007 la Comisión decidió, en los términos de los artículos 51.1 de la Convención y 44 de su Reglamento, someter el presente caso a la jurisdicción de la Corte, considerando que “el Estado no adoptó las recomendaciones de [su] informe”. La Comisión designó como delegados al señor Paulo Sérgio Pinheiro, Comisionado, y a los señores Santiago A. Canton, Secretario Ejecutivo e Ignacio J. Álvarez, entonces Relator Especial para la Libertad de Expresión, y como asesores legales a la señora Elizabeth Abi- Mershed, actual Secretaria Ejecutiva adjunta, al señor Juan Pablo Albán Alencastro y a las señoras Débora Benchoam y Silvia Serrano. También fueron designados como asesores legales el señor Ariel E. Dulitzky y la señora Alejandra Gonza, quienes ya no son funcionarios de la Comisión. 2. Los hechos presentados por la Comisión se refieren a una serie de actos y omisiones, ocurridos entre octubre de 2001 y agosto de 2005, consistentes en declaraciones de funcionarios públicos y actos de hostigamiento y agresiones físicas y verbales, así como obstaculizaciones a las labores periodísticas, cometidos por agentes estatales y particulares, en perjuicio de 44 personas vinculadas al canal de televisión Globovisión, entre periodistas, personal técnico asociado, empleados, directivos y accionistas, así como a algunas investigaciones y procedimientos penales abiertos o realizados a nivel interno en relación con esos hechos. 3. La Comisión alegó que por haber buscado, recibido y difundido información, las presuntas víctimas fueron sujetas a diversos ataques y que el Estado no adoptó las medidas necesarias para prevenir los actos de hostigamiento, ni investigó y sancionó a los responsables con la debida diligencia. La Comisión solicitó a la Corte que declare que el Estado es responsable por la violación de los derechos reconocidos en los artículos 5 (Derecho a la Integridad Personal), 8 (Garantías Judiciales), 13 (Libertad de Pensamiento y Expresión) y 25 (Protección Judicial) de la Convención Americana, en relación con las 2 En el Informe de fondo la Comisión concluyó que Venezuela “es responsable de la violación del derecho a la integridad personal (artículo 5), libertad de expresión (artículo 13), garantías judiciales (artículo 8) y protección judicial (artículo 25), en elación con las obligaciones de respeto y garantía consagradas en el artículo 1.1 todos de la Convención Americana”. Finalmente, la Comisión formuló determinadas recomendaciones al Estado (expediente de fondo, tomo I, folio 11).
-3- obligaciones generales de respeto y garantía de los derechos humanos establecida en el artículo 1.1 de dicho tratado, en perjuicio de esas 44 presuntas víctimas 3 . Como consecuencia de lo anterior, la Comisión solicitó a la Corte que ordene al Estado determinadas medidas de reparación y se reintegren las costas y gastos. 4. El 12 de julio de 2007 los representantes de 37 de las 44 presuntas víctimas 4 , señores Carlos Ayala Corao y señoras Margarita Escudero León, Ana Cristina Núñez Machado y Nelly Herrera Bond (en adelante “los representantes”), presentaron su escrito de solicitudes, argumentos y pruebas (en adelante “escrito de solicitudes y argumentos”), en los términos del artículo 23 del Reglamento. Los representantes alegaron que los hechos del presente caso son tanto aquellos que constituyen “propiamente objeto de litigio”, como “una serie de hechos no contenidos en la demanda de la Comisión [que estarían] directamente vinculados con los hechos denunciados como violatorios de la Convención Americana, [los cuales] debe[ría]n ser valorados […] ya sea como parte del ‘contexto’ en el cual tuvieron lugar los hechos contenidos en la demanda, o como hechos que agravaron las [alegadas] violaciones […]”. Los representantes solicitaron a la Corte que declare que el Estado es responsable, además de las violaciones alegadas por la Comisión, por la violación del artículo 21 (Derecho a la Propiedad Privada) de la Convención, en perjuicio de dos accionistas de Globovisión, en relación con hechos que alegan “han causado daños y han privado al canal de televisión y a sus accionistas del uso y goce de los equipos” del canal. Asimismo, alegaron que el Estado ha violado el artículo 24 (Igualdad ante la ley) de la Convención, en relación con el artículo 13 de la misma, por alegados impedimentos a los equipos periodísticos de Globovisión de acceso a fuentes oficiales de información. A su vez, en sus alegatos finales solicitaron a la Corte que declare al Estado responsable por la violación de los artículos 5, 13, 8 y 25 de la Convención Americana “en conexión con” los artículos 1, 2 y 7 de la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (“Convención de Belem do Pará”). Por último, solicitaron al Tribunal que ordene al Estado que adopte una serie de medidas de reparación. 5. El 11 de septiembre de 2007 el Estado presentó su escrito de interposición de excepciones preliminares, contestación de la demanda y observaciones al escrito de solicitudes y argumentos (en adelante “contestación de la demanda”). En este escrito el Estado interpuso cuatro excepciones preliminares, a saber, “extemporaneidad de los argumentos y pruebas contenidos en el escrito de solicitudes, argumentos y pruebas presentado por las [presuntas] víctimas”; “improcedencia en cuanto a la formulación de nuevos alegatos y argumentos contenidos en el escrito autónomo consignado por las presuntas víctimas”; “parcialidad en las funciones que desempeñan algunos de los jueces 3 Las presuntas víctimas de este caso son Aloys Emmanuel Marín Díaz, Ana Karina Villalba, Aymara Anahí Lorenzo Ferrigni, Beatriz Alicia Adrián García, Carla María Angola Rodríguez, Gabriela Margarita Perozo Cabrices, Gladys Rodríguez, Janeth del Rosario Carrasquilla Villasmil, Jhonny Donato Ficarella Martín, Jesús Rivero Bertorelli, José Vicente Antonetti Moreno, María Cristina Arenas Calejo, Martha Isabel Herminia Palma Troconis, Mayela León Rodríguez, Norberto Mazza, Yesenia Thais Balza Bolívar, Angel Mauricio Millán España, Carlos Arroyo, Carlos Quintero, Edgar Hernández, Efraín Antonio Henríquez Contreras, John Power, Jorge Manuel Paz Paz, José Gregorio Umbría Marín, Joshua Oscar Torres Ramos, Wilmer Jesús Escalona Arnal, Ademar David Dona López, Alfredo José Peña Isaya, Carlos José Tovar Pallen, Felipe Antonio Lugo Durán, Félix José Padilla Geromes, Miguel Ángel Calzadilla, Oscar Dávila Pérez, Ramón Darío Pacheco Villegas, Richard Alexis López Valle, Zullivan René Peña Hernández, José Rafael Natera Rodríguez, Oscar José Núñez Fuentes, Orlando Urdaneta, Claudia Rojas Zea, José Inciarte, Alberto Federico Ravell Arreaza, Guillermo Zuloaga Núñez y María Fernanda Flores Mayorca. 4 Según los poderes de representación presentados por la Comisión, los referidos representantes acreditados en este caso han ejercido la representación de 37 de las 44 presuntas víctimas. La Comisión indicó que la “defensa de los intereses” de las presuntas víctimas Alfredo José Peña Isaya, Félix José Padilla Geromes, José Natera, Miguel Ángel Calzadilla, Orlando Urdaneta, Yesenia Thais Balza Bolívar y Zullivan René Peña Hernández, quiénes no habían designado un representante para el trámite del caso ante la Corte al momento de interposición de la demanda, sería “provisionalmente asumida” por la Comisión, en su condición de garante del interés general en el Sistema Interamericano. Durante el trámite del caso, los representantes manifestaron que una más de esas presuntas víctimas, el señor José Natera, también se encontraba representada por ellos.
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