En el caso Perozo y otros vs. Venezuela, la Corte Interamericana de ...

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derecho a la libertad de expresión y a la integridad personal, y evitar que continuaran
ocurriendo. La investigación de la violación de determinado derecho sustantivo puede ser un
medio para amparar, proteger o garantizar ese derecho 285 . La obligación de investigar
“adquiere particular intensidad e importancia ante la gravedad de los delitos cometidos y la
naturaleza de los derechos lesionados” 286 , incluso hasta alcanzar esa obligación, en algunos
casos, el carácter de jus cogens 287 . En casos de ejecuciones extrajudiciales, desapariciones
forzadas, tortura y otras graves violaciones a los derechos humanos, el Tribunal ha
considerado que la realización de una investigación ex officio, sin dilación, seria, imparcial y
efectiva, es un elemento fundamental y condicionante para la protección de ciertos derechos
afectados por esas situaciones, como la libertad personal, la integridad personal y la vida 288 .
Se considera que en esos casos la impunidad no será erradicada sin la determinación de las
responsabilidades generales –del Estado- e individuales –penales y de otra índole de sus
agentes o de particulares-, complementarias entre sí 289 . Por la naturaleza y gravedad de los
hechos, más aún si existe un contexto de violación sistemática de derechos humanos, los
Estados se hallan obligados a realizar una investigación con las características señaladas, de
acuerdo con los requerimientos del debido proceso. El incumplimiento genera, en tales
supuestos, responsabilidad internacional del Estado 290 .
299. La obligación de investigar “no sólo se desprende de las normas convencionales de
Derecho Internacional imperativas para los Estados Parte, sino que además se deriva de la
legislación interna que haga referencia al deber de investigar de oficio ciertas conductas
ilícitas” 291 . Así, corresponde a los Estados Parte disponer, de acuerdo con los procedimientos
y a través de los órganos establecidos en su Constitución y sus leyes 292 , qué conductas
ilícitas serán investigadas de oficio y regular el régimen de la acción penal en el
procedimiento interno, así como las normas que permitan que los ofendidos o perjudicados
denuncien o ejerzan la acción penal y, en su caso, participen en la investigación y en el
proceso. Para demostrar que es adecuado determinado recurso, como puede ser una
investigación penal, será preciso verificar que es idóneo para proteger la situación jurídica
que se supone infringida 293 .
285
Cfr. Caso de la Masacre de Pueblo Bello Vs. Colombia, supra nota 68, párr. 142; Caso Heliodoro Portugal
Vs. Panamá,supra nota 20, párr. 115; y Caso Zambrano Vélez y otros Vs. Ecuador, supra nota 32. párr. 110.
286
Caso La Cantuta Vs. Perú, supra nota 72, párr. 157. Ver también Caso Goiburú y otros Vs. Paraguay,supra
nota 48, párr. 128.
287
Por ejemplo, en el caso La Cantuta, se determinó que “la prohibición de la desaparición forzada de
personas y el correlativo deber de investigarla y sancionar a sus responsables han alcanzado carácter de jus
cogens”. Cfr. Caso La Cantuta Vs. Perú, supra nota 72, párr. 157.
288
Cfr. Caso de la Masacre de Pueblo Bello Vs. Colombia, supra nota 68, párr. 145; Caso Heliodoro Portugal
Vs. Panamá, supra nota 20, párr. 115; y Caso La Cantuta Vs. Perú, supra nota 72, párr 110
289
Cfr. Caso Goiburú y otros Vs. Paraguay,supra nota 48, párr. 88.
290
Cfr. Caso Velásquez Rodríguez, supra nota 33, párrs 166 y 176; Caso Godínez Cruz, Fondo, supra nota
100, párr. 175; Caso Cantoral Huamaní y García Santa Cruz Vs. Perú, supra nota 75, párr. 102; Caso del Penal
Miguel Castro Castro Vs. Perú, supra nota 36, párr. 119; Caso Ximenes Lopes Vs. Brasil. Fondo, Reparaciones y
Costas. Sentencia de 4 de julio de 2006. Serie C No. 149, párr. 147; Caso de las Masacres de Ituango, supra nota
23, párr. 297.
291
Caso García Prieto y otros Vs. El Salvador, supra nota 48, párr. 104.
292
Cfr. La Expresión "Leyes" en el Artículo 30 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Opinión
Consultiva OC-6/86 del 9 de mayo de 1986. Serie A No. 6, párr. 32.
293
Cfr. Caso Velásquez Rodríguez Vs. Honduras. Fondo, supra nota 33, párr. 64.