En el caso Perozo y otros vs. Venezuela, la Corte Interamericana de ...

-98-
La falta de impugnación del pronunciamiento jurisdiccional o la falta de solicitud de
reapertura no desvirtúa el hecho de que el Estado ha faltado a algunos deberes relacionados
con el desarrollo de medidas diligentes de investigación.
C.iii
Procedimiento ante la Defensoría del Pueblo
350. La Comisión alegó que el Estado también había recibido noticia expresa de los
supuestos actos de hostigamiento y agresión a raíz de las denuncias presentadas ante la
Defensoría del Pueblo.
351. Los representantes alegaron que las agresiones habían sido oportunamente
denunciadas y puestas en conocimiento de la Defensoría del Pueblo. En un “escrito
complementario” (supra párrs. 8, 51 y 52), los representantes mencionaron que el 1 de
febrero de 2002 los periodistas y demás trabajadores de Globovisión presentaron una
denuncia ante la Defensoría del Pueblo para que tomara todas las medidas necesarias en
garantía de sus derechos, de acuerdo a lo establecido por el artículo 281 de la Constitución.
Señalaron que esa denuncia fue ampliada el 13 de marzo y 24 de abril del mismo año,
sobre las agresiones de las cuales habrían sido víctimas. Alegaron que la Defensoría del
Pueblo se limitó a tomar declaraciones a varios de los periodistas y demás trabajadores y,
transcurridos más de 5 años de la denuncia presentada, concluyó que la misma debía ser
archivada sin resultados de ninguna especie. Los representantes señalaron que la
Defensoría del Pueblo habría negado el acceso a los expedientes y negado las copias del
mismo cuando fue solicitado.
352. El Estado, en sus alegatos finales, confirmó que tuvo noticia de las supuestas
agresiones a periodistas por medio de varias denuncias presentadas ante distintas
autoridades del Estado, dentro de las cuales se incluye la Defensoría del Pueblo. A los
efectos de probar que había implementado medidas de protección a favor de los periodistas
de Globovisión, el Estado alegó que se habrían llevado a cabo una serie de reuniones de
coordinación policial para implementar operativos de seguridad en el marco de la realización
de manifestaciones y en las cuales habría participado la Defensoría del Pueblo.
353. La Defensoría del Pueblo es un órgano del “Poder Ciudadano”. La Constitución
establece que el “Poder Ciudadano” tiene autonomía funcional, financiera y administrativa 325
y que aquélla tiene a su cargo la promoción, defensa y vigilancia de los derechos y garantías
establecidos en la Constitución y los tratados internacionales sobre derechos humanos,
además de los intereses legítimos, colectivos o difusos de los ciudadanos 326 .
354. El artículo 121 del COPP (2001) establece que “[l]a Defensoría del Pueblo y
cualquier persona natural o asociación de defensa de los derechos humanos podrán
presentar querella contra funcionarios o empleados públicos, o agentes de las fuerzas
325
Cfr. artículo 273 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, supra nota 299.
326
.Cfr. artículo 280 de la Constitución Nacional de la República Bolivariana de Venezuela.En el ejercicio de
esas funciones, las atribuciones de la Defensoría del Pueblo incluyen, inter alia, la de “velar por el correcto
funcionamiento de los servicios públicos, amparar y proteger los derechos e intereses legítimos, colectivos o
difusos de las personas, contra las arbitrariedades, desviaciones de poder y errores cometidos en la prestación de
los mismos, interponiendo cuando fuere procedente las acciones necesarias para exigir al Estado el resarcimiento a
las personas de los daños y perjuicios que les sean ocasionado con motivo del funcionamiento de los servicios
públicos; instar al Fiscal o a la Fiscal General de la República para que intente las acciones o recursos a que hubiere
lugar contra los funcionarios públicos o funcionarias públicas, responsables de la violación o menoscabo de los
derechos humanos”. Cfr. artículo 281 de la Constitución Nacional de la República Bolivariana de Venezuela, supra
nota 299.