En el caso Perozo y otros vs. Venezuela, la Corte Interamericana de ...

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-110- X ARTÍCULOS 13.1 Y 21 (DERECHO DE PROPIEDAD) 351 EN RELACIÓN CON EL ARTÍCULO 1.1 DE LA CONVENCIÓN AMERICANA 396. La Comisión alegó que los periodistas de Globovisión habían visto su labor periodística dificultada por hechos caracterizados “por el uso de violencia física y/o verbal”, que fueron “acompañados de otros tales como obstrucción del lente de las cámaras con las manos o con pañuelos, acorralamientos y golpes a las cámaras, golpes a los micrófonos, despojo violento de instrumentos de trabajo[,] daños a los vehículos de propiedad de Globovisión mientras sus trabajadores se transportaban en ellos o se encontraban estacionados, sustracción de cintas de video en las que constaban informaciones obtenidas en el lugar del hecho o de otros instrumentos técnicos o de protección tales como cámaras, máscaras antigases y radios[,] lanzamiento de piedras, líquidos y otros objetos a trabajadores de Globovisión o a los automóviles en que se transportaban”. La Comisión agregó que en estos casos “los bienes se encontraban plenamente identificados como de propiedad del canal” y que “la naturaleza de los hechos permit[ía] concluir que la motivación era el daño en sí mismo y no la facilitación de otros delitos”, y alegó que los daños a bienes de la empresa Globovisión constituyeron “formas de presión que restringen el ejercicio del derecho a la libertad de expresión mediante la intimidación y el temor de ser objeto de ataque”. 397. Mientras la Comisión no especificó los hechos en que se sucitaron actos de violencia contra los bienes e instalaciones de Globovisión, los representantes especificaron 17 hechos, señalados en la demanda, que en su criterio afectaron la cobertura de las informaciones y opiniones por los equipos periodísticos de ese medio 352 . Los representantes a su vez alegaron que esos mismos 17 hechos constituyeron violaciones del derecho a la propiedad privada de los señores Federico Ravell y Guillermo Zuloaga, en su calidad de accionistas de Globovisión. Indicaron que esos hechos son “plena prueba [de] una serie de daños materiales que se produjeron a equipos de grabación, vehículos, instalaciones y demás bienes de Globovisión”, que han privado al canal y a sus accionistas del uso y goce de los mismos, lo que equivale a una restricción ilegítima o en su caso privación de los atributos de la propiedad, en los términos específicos del texto del artículo 21 de la Convención. Señalaron que la jurisprudencia los autoriza a reclamar la protección de la propiedad, en los términos de lo resuelto por la Corte en el caso Ivcher Bronstein vs. Perú y en el caso Cantos vs. Argentina. Alegaron que esta violación fue en buena medida instrumental para la violación de otros derechos humanos, por lo que no se trataría de proteger la propiedad como mero interés patrimonial o comercial, sino también de brindar tutela internacional frente a situaciones en que la violación del artículo 21 está conectada con la trasgresión de otras disposiciones de la propia Convención. Los representantes mencionaron que los daños a la propiedad de la empresa Globovisión no habrían sido “cubiertos en su totalidad por el seguro” y especificaron que esto se presentó también como la intervención arbitraria en el 351 El artículo 21 de la Convención establece: 1. Toda persona tiene derecho al uso y goce de sus bienes. La ley puede subordinar tal uso y goce al interés social. 2. Ninguna persona puede ser privada de sus bienes, excepto mediante el pago de indemnización justa, por razones de utilidad pública o de interés social y en los casos y según las formas establecidas por la ley. 3. Tanto la usura como cualquier otra forma de explotación del hombre por el hombre, deben ser prohibidas por la ley. 352 Los hechos referidos habrían ocurrido los días 22 de noviembre de 2001, 9 de enero de 2002, 18 de febrero de 2002, 3 de abril de 2002, 13 de junio de 2002, 9 de julio de 2002, 4 de septiembre de 2002, 11 de septiembre de 2002, 21 de septiembre de 2002, 18 de noviembre de 2002, 3 de diciembre de 2003, 18 de enero de 2004, 1 de marzo de 2004, 29 de mayo de 2004, día en que habrían ocurrido dos hechos, 23 de enero de 2005 y 11 de julio de 2005
-111- interior de una empresa comunicacional para liquidar su papel como medio para el ejercicio pleno de la libertad de expresión. Además, señalaron que, a raíz de estos hechos, Globovisión había realizado erogaciones económicas considerables en materia de seguridad, buscando resguardar sus instalaciones y la integridad personal de sus trabajadores, lo que implicó “un castigo adicional” para el ejercicio de la libertad de expresión, en la medida que se podía reasignar los mismos rubros a la difusión de programación de comunicación social. 398. El Estado no presentó un alegato específico respecto de la alegada violación del derecho a la libertad de expresión en este sentido. En cuanto a la alegada violación del derecho a la propiedad, el Estado reiteró que los hechos y alegatos objeto del litigio internacional son aquellos delimitados en la demanda de la Comisión, por lo que solicitó que aquello no sea analizado. Además, alegó que no hay soporte probatorio de este alegato, pues la única prueba ofrecida serían los dichos de las presuntas víctimas. Manifestó que los mismos denunciantes han reconocido que los supuestos ataques en contra de bienes de Globovisión habrían sido perpetrados por personas desconocidas, de manera aislada. Finalmente, el Estado alegó que los bienes que supuestamente sufrieron daños o incautación serían propiedad de una persona jurídica, esto es, Globovisión, siendo que la Convención es clara en cuanto a que los derechos tutelados son los de las personas humanas, bajo el artículo 1.2 de la misma. 399. Respecto de la alegada violación del artículo 21 de la Convención, este Tribunal ha entendido en su jurisprudencia que la propiedad es un concepto amplio que abarca, entre otros, el uso y goce de los bienes, definidos como cosas materiales apropiables, así como todo derecho que pueda formar parte del patrimonio de una persona 353 . Este no es absoluto y puede ser objeto de restricciones y limitaciones 354 . Ciertamente la Corte ha considerado en casos anteriores que, si bien la figura de las personas jurídicas no ha sido reconocida expresamente por la Convención Americana, como sí lo hace el Protocolo no. 1 del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, eso no restringe la posibilidad de que bajo determinados supuestos un individuo pueda acudir al Sistema Interamericano para hacer valer sus derechos, aún cuando los mismos estén cubiertos por una figura o ficción jurídica creada por el mismo sistema jurídico. 400. No obstante, es necesario distinguir las situaciones que podrán ser analizadas por este Tribunal, bajo el marco de la Convención Americana. En este sentido, esta Corte ya ha analizado la posible violación de derechos de propiedad de determinadas personas en su calidad de accionistas 355 . En tales casos, la Corte ha diferenciado los derechos de los accionistas de una empresa de los de la empresa misma, señalando que las leyes internas otorgan a los accionistas determinados derechos directos, como los de recibir los dividendos acordados, asistir y votar en las juntas generales y recibir parte de los activos de la compañía en el momento de su liquidación, entre otros 356 . 353 Cfr. Caso Ivcher Bronstein Vs. Perú, supra nota 59, párr. 122; Caso de la Comunidad Mayagna (Sumo) Awas Tingni Vs. Nicaragua, supra nota 36, párr. 144; Caso Salvador Chiriboga Vs. Ecuador, supra nota 28, párr. 55; Caso Chaparro Álvarez y Lapo Íñiguez. Vs. Ecuador, supra nota 29, párr. 174; Caso Palamara Iribarne Vs. Chile, supra nota 63, párr.102; Caso Comunidad Indígena Yakye Axa Vs. Paraguay. Fondo Reparaciones y Costas. Sentencia 17 de junio de 2005. Serie C No. 125, párr. 137; y Caso de la Comunidad Moiwana Vs. Suriname. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia 15 de junio de 2005. Serie C No. 124, párr. 129. Ver también, Caso "Cinco Pensionistas" Vs. Perú, supra nota 20, párr. 102. 354 Cfr. Caso Ivcher Bronstein Vs. Perú, supra nota 59, párr. 128; Caso Salvador Chiriboga Vs. Ecuador, supra nota 28, párrs. 60 y 61; Caso Chaparro Álvarez y Lapo Íñiguez. Vs. Ecuador, supra nota 29, párr. 174. 355 Cfr. Caso Ivcher Bronstein Vs. Perú, supra nota 59, párrs. 123, 125, 138 y 156. 356 Cfr. Caso Ivcher Bronstein Vs. Perú, supra nota 59, párr. 127 y Caso Chaparro Álvarez y Lapo Íñiguez. Vs. Ecuador, supra nota 29, párr. 181. Ver también, Barcelona Traction, Light and Power Company, Limited, Judgment, I.C.J. Reports 1970, p. 36, para. 47.
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