En el caso Perozo y otros vs. Venezuela, la Corte Interamericana de ...

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“grupos de particulares organizados que se identifican abiertamente como partidarios y
seguidores del Gobierno”, ni por “simpatizantes y partidarios del oficialismo”. Ciertamente el
Estado también ha utilizado términos similares en su defensa y tampoco ha precisado a
quién se refiere (supra párr. 73). La Corte observa que la mera “simpatía” o carácter de
“seguidor” o “partidario” de una persona o grupo de personas hacia el gobierno o “el
oficialismo” no sería causa de atribución, per se, de los actos de aquéllos al Estado. La
afinidad o incluso la auto-identificación de una persona con ideas, propuestas o actos de un
gobierno, forman parte del ejercicio de sus libertades en una sociedad democrática,
ciertamente dentro de los límites previstos en las normas nacionales e internacionales
relevantes.
148. Respecto de lo alegado por los representantes, en cuanto a que los discursos de
funcionarios públicos constituyeron un “patrón” o “política de Estado” (supra párrs. 61, 82 y
124), la Corte ha establecido que no es posible ignorar la gravedad especial que reviste el
hecho de atribuir a un Estado Parte en la Convención haber ejecutado o tolerado en su
territorio una práctica de violaciones a los derechos humanos, y que ello “obliga a la Corte a
aplicar una valoración de la prueba que tenga en cuenta este extremo y que sea capaz de
crear la convicción de la verdad de los hechos alegados” 100 .
149. En relación con lo anterior, la Corte ha sostenido reiteradamente que la obligación de
los Estados Parte de garantizar los derechos reconocidos en la Convención implica su deber
de organizar todo el aparato gubernamental y, en general, todas las estructuras a través de
las cuales se manifiesta el ejercicio del poder público, de manera tal que sean capaces de
asegurar jurídicamente el libre y pleno ejercicio de los derechos humanos 101 . A su vez, en
diversos casos relativos a detenciones arbitrarias, torturas, ejecuciones y desapariciones, la
Corte ha tomado en cuenta la existencia de “prácticas sistemáticas y masivas”, “patrones” o
“políticas estatales” en que los graves hechos se han enmarcado, cuando “la preparación y
ejecución” de la violación de derechos humanos de las víctimas fue perpetrada “con el
conocimiento u órdenes superiores de altos mandos y autoridades del Estado o con la
colaboración, aquiescencia y tolerancia, manifestadas en diversas acciones y omisiones
realizadas en forma coordinada o concatenada”, de miembros de diferentes estructuras y
órganos estatales. En esos casos, en vez de que las instituciones, mecanismos y poderes del
Estado funcionaran como garantía de prevención y protección de las víctimas contra el
accionar criminal de sus agentes, se verificó una “instrumentalización del poder estatal
como medio y recurso para cometer la violación de los derechos que debieron respetar y
garantizar”, lo que generalmente se ha visto favorecido por situaciones generalizadas de
impunidad de esas graves violaciones, propiciada y tolerada por la ausencia de garantías
judiciales e ineficacia de las instituciones judiciales para afrontarlas o contenerlas 102 .
100
Cfr. Caso Godínez Cruz Vs. Honduras. Fondo. Sentencia de 20 de enero de 1989. Serie C No. 5, párr. 135;
Caso Valle Jaramillo y otros Vs. Colombia, supra nota 20, párr. 97; y Caso Apitz Barbera y otros (“Corte Primera
de lo Contencioso Administrativo”) Vs. Venezuela, supra nota 29, párr. 97.
101
Cfr. Caso Velásquez Rodríguez y otros vs. Honduras. Fondo, supra nota 33, párr. 166; Caso Trabajadores
Cesados del Congreso (Aguado Alfaro y otros) Vs. Perú. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas.
Sentencia de 24 de noviembre de 2006. Serie C No. 158, párr. 92 y Caso Almonacid Arellano y otros Vs. Chile,
supra nota 27, párr. 110.
102
Cfr., entre otros, Caso Velásquez Rodríguez Vs. Honduras. Fondo, supra nota 33; Caso Myrna Mack Chang
Vs. Guatemala. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 25 de noviembre de 2003. Serie C No. 101; Caso de la
“Masacre de Mapiripán” Vs. Colombia, supra nota 22; Caso de la Masacre de Pueblo Bello Vs. Colombia, supra nota
68; Caso de las Masacres de Ituango Vs. Colombia, supra nota 23;Caso Goiburú y otros Vs. Paraguay, supra nota
48; Caso Almonacid Arellano y otros Vs. Chile, supra nota 27; Caso del Penal Miguel Castro Castro Vs. Perú, supra
nota 36; Caso La Cantuta Vs. Perú, supra nota 72; y Caso de la Masacre de La Rochela Vs. Colombia, supra nota
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