En el caso Perozo y otros vs. Venezuela, la Corte Interamericana de ...

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406. Una vez establecido el incumplimiento por parte del Estado de sus obligaciones de
garantía (artículo 1.1) de los derechos consagrados en los artículos 5.1 y 13.1 de la
Convención, y a la luz de los criterios fijados en la jurisprudencia del Tribunal sobre la
naturaleza y alcances de la obligación de reparar 365 , la Corte considerará las pretensiones
de la Comisión y los representantes y los argumentos del Estado.
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407. La Comisión señaló que las presuntas víctimas realizaron esfuerzos económicos
importantes con el fin de alcanzar justicia a nivel doméstico y superar las consecuencias
físicas, morales y profesionales que los hechos del presente caso les ocasionaron. Además,
indicó que “han experimentado sufrimiento psicológico, angustia, incertidumbre y alteración
de vida, al no poder realizar las asignaciones laborales y en virtud de su sometimiento a
actos de persecución, hostigamiento y agresiones físicas y morales; las consecuencias,
personales y profesionales de tales hechos”, por lo que solicitó a la Corte “que ordene el
pago de una compensación por concepto de daños inmateriales”.
408. A su vez, la Comisión solicitó a la Corte que ordene al Estado:
a) adoptar todas las medidas necesarias para prevenir los actos tanto de agentes del
Estado como de particulares que puedan obstaculizar la búsqueda, recepción y difusión de
información por parte de los comunicadores sociales y personal asociado;
b) adoptar todas las medidas necesarias para responder con la debida diligencia cuando se
produzcan actos tanto de agentes del Estado como de particulares que obstaculicen la búsqueda,
recepción y difusión de información por parte de los comunicadores sociales y personal asociado
c) llevar adelante una investigación imparcial y exhaustiva con el fin de juzgar y sancionar
a todos los responsables materiales e intelectuales de los hechos materia del presente caso y
hacer público el resultado de tales investigaciones;
d) garantizar a las víctimas el libre acceso a las fuentes de información, sin injerencias o
condicionamientos arbitrarios de ninguna naturaleza;
e) reparar los daños que la conducta de los órganos del Estado ha causado a las víctimas;
y
f) pagar las costas y gastos legales incurridos en la tramitación del caso tanto a nivel
nacional, como las que se originen en la tramitación del presente caso ante el sistema
interamericano.
409. Los representantes alegaron que las violaciones perpetradas y los daños a bienes e
instalaciones de Globovisión han ocasionado una serie de erogaciones económicas y gastos
extraordinarios, que constituyen una afectación patrimonial considerable para los
accionistas de Globovisión, quienes de acuerdo a su participación accionarial en dicha
empresa han soportado los fuertes impactos económicos. En este sentido, alegaron que
Globovisión desde el año 2001 a la presente fecha ha realizado gastos en equipos y
sistemas de seguridad; la contratación de servicios de vigilancia y construcción de áreas de
seguridad y por el pago de un monto no reembolsable a la compañía de seguros, por lo que
“la merma patrimonial sufrida por los accionistas de Globovisión asciende a la fecha a un
monto total de US$ 947.297,438”. Solicitaron a la Corte que ordene al Estado el pago de
una compensación por concepto de daños materiales a los accionistas de Globovisión,
señores Alberto Federico Ravell y Guillermo Zuloaga. Los comprobantes acompañados
consisten en informes del departamento de contabilidad del canal sobre gastos de seguridad
365
Cfr. Caso Velásquez Rodríguez, supra nota 359, párrs. 25-27; Caso Garrido y Baigorria, Caso Garrido y
Baigorria Vs. Argentina. Reparaciones y Costas. Sentencia de 27 de agosto de 1998. Serie C No. 39, párr. 43; y
Caso de la “Panel Blanca” (Paniagua Morales y otros) Vs. Guatemala, supra nota 36, párrs. 76 a 79.