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Inmigrantes hondureños en Tapachula: el papel del empleo, la educación...
Se encontró también que quienes ingresan en ocasiones sufren
actitudes xenófobas y discriminatorias por parte de docentes, como
se ejemplifica con el siguiente testimonio:
[…] ella me ponía a mi niña de último, sabiendo ella que
es mi hija, no me la ponía atención ¿sí?, pero llevé unos lentes
y no me los quiso dar porque se le nubla la vista, ¿pero por
qué?, porque ella odia a las hondureñas […] entonces mi
hija no tiene la culpa ¿sí?, y por eso ella me la reprobó a
mi hija, ella cuando le daba algo mi hija, no se lo daba, y
todo que le pegaban a mi hija en la escuela ahí iba yo, ahí
iba, pero cuando pasaban cosas así, “no, es que me caen mal
las hondureñas, porque vino a quitarme mi marido” […]
(Vanessa, Tapachula, Chiapas, junio de 2009).
De “oyente” o inscrito oficialmente, a un infante que desea ingresar
se le hace un examen para determinar su nivel escolar y el grado en
el que deberá incorporarse. Además de ello, para validar estudios
anteriores se deben homologar certificados extranjeros a través de la
Dirección General de Acreditación, Incorporación y Revalidación
(dgair), con oficinas en la ciudad de Tapachula. 21 Esto implica
que, a pesar de que un infante logre ubicarse mediante un examen
y eventualmente acreditar su legal estancia en el país, no tendrá
certificado de estudios en territorio mexicano si no ha homologado
estudios previos en su país de origen. “Acreditar legal estancia” es ya
en sí un proceso largo, caro y complicado para la mayor parte de estos
inmigrantes hondureños, que usualmente perciben bajos salarios y
poseen, en la mayoría de los casos, un nivel educativo básico. Si a este
requisito se le suma la necesidad de homologar estudios previos, las
posibilidades de los niños y niñas en materia educativa disminuyen.
Para facilitar que esta población lleve a término este trámite, se requeriría
de orientación y apoyo por parte de las instituciones educativas,
21
Algunas de las atribuciones de la Dirección consisten en acreditar y certificar, en coordinación
con las unidades administrativas, órganos desconcentrados, entidades paraestatales agrupadas
en el sector de la Secretaría y autoridades educativas locales competentes, los conocimientos y
aptitudes adquiridos a través del sistema educativo nacional, expidiendo, en su caso, los certificados,
títulos o grados que procedan (dgair, 2012).
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