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Poder Ejecutivo, estableciera, operativizara, pusiera en práctica, los principios
fundamentales acordados por unanimidad en el año 1988. Ustedes saben que
las leyes poseen un nivel de abstracción tal que delega al régimen, al marco reglamentario
la puesta en práctica concreta. El segundo demérito de esta etapa
se trató de la consolidación de una modalidad delegativa de la política de defensa.
Los Ministros de Defensa consideraron más conveniente, ciertamente más
cómodo, permitir que fueran los propios jefes del Estado Mayor en general, los
jefes de las Fuerzas, los que definieran cómo gobernar sus propias Fuerzas, sobre
todo considerando que en esta etapa se registró un ajuste presupuestario brutal,
del orden del 50% en términos reales. En el año 1983, la jurisdicción de Defensa
tenía una participación de aproximadamente el 14 % dentro del presupuesto
nacional y en el año 2003, la participación había disminuido al 7%, y una caída
similar se produjo en relación con el gasto de Defensa respecto del Producto
Bruto Interno, o sea que hubo un downsizing muy importante que el Ministerio
de Defensa, el poder político, optó por librar a cada jefe, a los Jefes del Ejército,
de la Armada y de la Fuerza Aérea, para que ellos decidiesen dónde aplicar el
ajuste, es decir donde ellos considerasen menos doloroso, por supuesto que esta
responsabilidad se sostiene en la premisa de que un Jefe de Estado Mayor arriba
a esa posición luego de 35 o 40 años de profesión militar, un Ministro de Defensa,
nuestros Ministros de Defensa llegaron a la cartera en general sin preparación
previa técnica, sin equipos conformados y con un Ministerio, con una
estructura orgánica, con un nivel de apoyo administrativo bastante endebles.
De este modo, por supuesto que los riesgos de asumir la efectiva conducción de
la política de defensa, en medio de un proceso de ajuste en el que evidentemente
resulta necesario tomar decisiones estratégicas, son muy grandes, y es
más sencillo, como decía, o más cómodo, dejar que el que entiende, decida
dónde cortar. Por este motivo, si bien el Ministerio de Defensa en esta etapa
contó con una conducción formal de la política de defensa, no podemos afirmar
con plena convicción que se realizó una conducción efectiva de la Defensa.
Otro de los deméritos de esta etapa consistió en la desarticulación del dispositivo
científico-tecnológico-industrial de la Defensa. Como habíamos expresado
anteriormente, este complejo había surgido a partir de la impronta
industrialista de los años de 1940 y desarrollista de 1960, pero había surgido a
la luz de las interpretaciones que cada Fuerza había efectuado, por este motivo
la Fábrica de Aviones de Córdoba constituía un enclave propio de la Fuerza
Aérea; los astilleros constituían un enclave propio de la Armada; y Fabricaciones
Militares, un enclave propio del Ejército. El movimiento que efectuó la conducción
política de los años de 1980 consistió en trasladarlo todo al Ministerio, lo
cual, digamos, tenía cierta lógica. El complejo industrial-militar debería haber
nacido de este modo, a partir de una visión estratégica articulada de manera
integral, no como nichos de cada Fuerza porque obviamente esto implica que
no existe un aprovechamiento de los recursos en forma conjunta, no existe sinergia,
sin embargo durante los años de 1990, considerando la aplicación del
Consenso de Washington y las políticas de desregulación y privatizaciones, este
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