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existir una conducción civil no democrática del Sistema de Defensa, es decir, la
civilidad en este sentido no garantiza los parámetros de conducción democrática
del sector. El buen gobierno del sector de Defensa requiere precisar algunas líneas
de acción; en primer lugar articular mecanismos institucionales y marcos
legales (se ha demostrado muy bien en relación con la experiencia argentina),
si es que no existe una estructura legal sólida que fiabilice mecanismos institucionales
sostenibles, estas reformas pueden tener un carácter fugaz. Un segundo
elemento consiste en la intervención del conjunto de los poderes públicos en la
conducción de la defensa y aquí nosotros tenemos, sin duda , uno de los déficit
mayores, puesto que nuestras democracias no son democracias presidencialistas
y esto ha determinado que la intervención de las otras instancias estatales en la
relación con un sector que eminentemente depende de la política de gestión
ejecutiva, sea bastante débil. La participación de los Parlamentos en toda la región,
aunque obviamente países como la Argentina o Chile cuentan con una
mayor experiencia parlamentaria, sin embargo, ha sido siempre una presencia
bastante pasiva, casi de incumbencia en coyunturas críticas. Recordemos incluso
el incidente del disparo en el Parlamento español para darnos cuenta de que
en una democracia que ha transitado ya por tantos procesos institucionales en
lo militar como aquélla, el Parlamento se despierta casi con un disparo en su
propia sede. Los Parlamentos se han mostrado siempre, y se muestran, con un
cierto letargo frente al desarrollo del sector de Defensa. La presencia parlamentaria
resulta esencial porque previene tendencias autoritarias. Sin duda, se trata
del espacio en donde las autonomías se disuelven, de un espacio donde pueden
establecerse con rigor los parámetros legales, para la organización y el funcionamiento
del sector y quizá sea en el Parlamento donde la relación entre política
exterior y defensa puede encontrar una mayor coherencia, una mayor fortaleza
institucional, no sólo desde las urgencias de los Ejecutivos sino desde una visión
de políticas de Estado sostenibles a largo plazo. Del mismo modo, en los Parlamentos
la relación de la defensa con los derechos y las prioridades sociales es
muy importante porque se trata de un escenario en el que los temas de financiamiento
de usos de recursos contrastan necesariamente con las prioridades de
desarrollo y sustentabilidad de la economía. Y por lo tanto, el Parlamento se
convierte en una instancia fundamental para depurar las unilateralidades que
siempre se presentan en sectores que administran recursos que demandan ser
autosuficientes. Por estos motivos, considero que este segundo aspecto acerca
de la intervención del conjunto de los poderes públicos resulta de una gran importancia.
Asimismo resulta fundamental la proyección en relación con la justicia
militar. En nuestros países es larga la historia de sustracción de la justicia militar
de ese ámbito de prerrogativas hacia un ámbito de derecho. Esto supone la inclusión
de la justicia militar en un sistema general de justicia que en nuestros
países ha sido un camino bastante dificultoso. Y finalmente, existe el problema
de la representatividad y la participación social. Nuestras democracias cada vez
demandan más de un control ciudadano y de un ejercicio de la responsabilidad
política, con sistemas de rendición de cuentas, de los cuales no puede estar ex-
58 Jornadas FES | CEEPADE 2010