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complejo industrial-militar fue completamente desarticulado. En algunos casos,
las empresas fueron concesionadas a la ligera, como ocurrió con el caso de la
Fábrica de Aviones de Córdoba; en el caso de la industria naval fue directamente
mal vendida, fraudulentamente privatizada, y esto fue determinado por la Justicia,
en el caso del astillero TANDANOR; y en el caso de Fabricaciones Militares
se registró un achicamiento de un total de 22 fábricas –que había logrado tener
en su momento de apogeo–, a sólo 4 en los años de 1990, y además, Fabricaciones
Militares fue trasladada en esa época al Ministerio de Economía, a partir de
una ley que la había declarado sujeta a privatizaciones. Es decir, Fabricaciones
Militares permaneció diez años en el Ministerio de Economía esperando que se
encontrase algún interesado para privatizarla. Entonces éste fue otro de los deméritos
de esta etapa, especialmente en la década de 1990.
Por otro lado, esta etapa reflejó una estrategia nacional de inserción en
el escenario internacional de carácter pendular. Pasando de una suerte de coqueteo
con los países no alineados en los años de 1980, a un alineamiento que
se dio en llamar “carnal” con los Estados Unidos durante los años de 1990, hasta
un acercamiento a Sudamérica y a América Latina durante la presente década.
Es decir que no hubo una estrategia lineal que permitiera al instrumento militar
determinar ciertas pautas de desarrollo de evolución concordantes; no existió
una consideración acerca de que la política de defensa no constituye una política
independiente, no se trata de una política sectorial que se pueda gestar dentro
de la jurisdicción, tiene que estar íntimamente asociada con la política exterior
y con la estrategia internacional de desarrollo. En ese caso, la hemos tenido en
forma pendular, pero además, en estos 20 años, tampoco existió un ciclo, una
metodología de planeamiento nacional, estratégico-nacional que cubriera a la
estrategia exterior y a la estrategia de defensa en forma integrada.
La segunda etapa comenzó en el año 2003, a partir de esta etapa se inaugura
la conducción efectiva de la política de defensa. La novedad capitaliza, por
supuesto, los méritos de la etapa anterior, pero la gran novedad es que el poder
político decide asumir, con los riesgos que esto implica, las decisiones trascendentales
del sector (trascendentales en términos de equipamiento personal, despliegue,
estrategias de mediano y largo plazo). A partir de esta etapa de
conducción efectiva se inició que la gestión política de la defensa, o lo que algunos
académicos han dado en llamar “el gobierno político de la defensa”, que
se caracteriza por la arrogación de las facultades que legalmente posee el órgano
de conducción del Sistema de Defensa, el Ministerio, y que en la etapa anterior
habían sido delegadas en las propias Fuerzas Armadas. En este sentido,
es posible afirmar que esta etapa cuenta con uno de los hitos fundamentales
en la reglamentación de la Ley de Defensa, dieciocho años después de que hubiera
sido sancionada, vuelve a reglamentar a través de un Decreto Presidencial,
número 727 de 2006, y ratifica este concepto de separación tajante acerca de cuál
constituye el ámbito de actuación de las Fuerzas Armadas, y se define que las
Fuerzas Armadas existen solamente para repeler ataques militares estatales externos.
Así de extensa pero necesaria, digamos, resulta la aclaración de los motivos
Jornadas FES | CEEPADE 2010 53