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A p r o i n • 28
LA ADMINISTRACIÓN Y SUS
OBLIGACIONES PARA CON EL
CIUDADANO: LA VIVIENDA
Las distintas teorías sobre la moderna
constitución del Estado, su misión
ante la sociedad y sus grados de
intervención han sido causa de enormes
ríos de tinta y de muy distintas
visiones sobre el particular.
La Constitución modela el sistema
de Estado y acota la intervención de
este en la vida del ciudadano, sus protecciones
y garantías.
La vida, la libertad, la propiedad, el
trabajo, la vivienda, la educación, la sanidad,
la defensa, el orden público y la
justicia, son pilares esenciales de cualquier
Estado moderno, sus 10 mandacada
vez cantidades menores, con lo cual
la cantidad total a pagar ya se aleja enormemente
del calculo inicial y se acerca
al real. Como las cuotas se establecen
constantes y por otra parte, las entidades
financieras disponen de datos a cerca de
la verdadera duración de los créditos que
se devuelven normalmente a la mitad de
su vida, les interesa que en la primera
mitad las cantidades a pagar correspondan
principalmente a intereses y la segunda
a amortizaciones, de manera que
de las cantidades a pagar mensualmente,
al principio casi todo sean intereses, no
vaya a ser que devolvamos el principal y
la banca no haga su negocio. Así las cosas
y aplicando el sistema descrito el resultado
final es el siguiente:
Para un crédito de 300.000 euros a
devolver a 35 años al 5,29%, el total a
pagar será de 659.395 euros de los que
359.395 euros serán de intereses, es decir,
pagaremos por la vivienda más del
doble de su precio, ganando el banco
con nosotros en 35 años una cantidad
mayor que el precio de la vivienda, que
nos habrá salido por más del doble al
tener que financiarla en un 100%., quedándonos
una cuota mensual en este
caso de 1.570 euros, cantidad que si no
hubiera intereses sería de 715 euros, ya
que estos, en este caso son de 855 euros,
cantidad muy similar a la que pagaríamos
por un alquiler. Evidentemente si
la cantidad solicitada es menor y a menos
años, el porcentaje de los intereses
es menor, pero si solicitásemos un crédito
hipotecario de 350.000 euros a 40
años, los intereses, sólo los intereses,
serían de 492.615 euros, es decir de un
140% del precio de la vivienda.
En resumidas cuentas, en una promoción
de 20 viviendas, cuyo precio
de venta es de 6.000.000 euros (20 x
300.000), la empresa promotora en caso
de obtener un beneficio del 15%, antes
de impuestos, obtendría la cantidad de
900.000 euros, en unos 3 años (300.000
euros/año), mientras el banco, si todas
las viviendas fueran financiadas en las
condiciones apuntadas, ganaría en 35
años la cantidad de 7.187.900 euros
(205.370 euros/año), a los que sumar
el hecho de que los compradores debe-
rán domiciliar allí su nómina, etc., etc.,
lo que le proporcionará al banco unos
ingresos mensuales importantes y una
rentabilidad seguramente bastante mayor
que a la propia empresa promotora,
de ahí la importancia para los bancos de
que las hipotecas se subroguen y que las
pidan todos los compradores. En esas
condiciones, a los promotores ¿deberían
cobrarnos intereses por el préstamo
solicitado para hacer la promoción,
o deberíamos incluso cobrarles nosotros
a ellos por proporcionarles con nuestra
actividad tan suculentos beneficios?
Curiosamente para el comprador, el
malo de la película es el promotor inmobiliario,
mientras que la entidad financiera
le esta haciendo un favor…(¿).
Es lo que hay.
Pero veamos cual es el papel de
otro beneficiado en todo esto, la Administración.
mientos, derechos a los que el ciudadano
debe y puede acceder para poder
desarrollar todo su potencial, con todos
los matices que ello comporta.
De entre los derechos citados, la garantía
y el ejercicio directo de los tres
últimos pertenece exclusivamente al Estado:
defensa, orden público y justicia,
se ejercen desde la competencia exclusiva
de la Administración. La vivienda, la
educación y la sanidad debe ser materia
compartida con mayor o menor protagonismo
de la Administración, mientras
que en las cuatro primeras, vida, libertad,
propiedad y trabajo, incluyendo en
el trabajo la prestación por desempleo,
el Estado debe limitarse a ser garante
de su ejercicio, dibujando todo ello un
arco iris de derechos y garantías en los
que el Estado y el ciudadano comparten
intensidades, al menos así lo veo en una
postura teóricamente equidistante entre
derechas (mínima intervención del Estado)
e izquierdas (control de la sociedad
por medio del Estado).
La vivienda, por tanto, se encuadra
en aquellos derechos de ejercicio compartido
entre el ciudadano y la Administración,
un derecho que nuestra
Constitución contempla en el conocido
artículo 47: “Todos los españoles tienen
derecho a disfrutar de una vivienda
digna y adecuada. Los poderes públicos
promoverán las condiciones necesarias
y establecerán las normas pertinentes
para hacer efectivo ese derecho, regulando
la utilización del suelo de acuerdo
con el interés general para impedir la
especulación. La Comunidad participará
en las plusvalías que genere la acción
urbanística de los entes públicos.”
Este mandamiento constitucional,
al igual que los 9 restantes, nos garantiza
a “todos” el derecho, en este caso
a la vivienda.
Considerando que en puridad, en
España, sólo tiene derecho realmente
a una vivienda el que la pague y que el
primer párrafo se redactó sin coma alguna
tras la palabra vivienda, bien pudiera
entenderse que el derecho es a que la vivienda
(quien la tenga) sea digna y adecuada,
pero no a que sólo por el hecho
de ser español se tenga ya derecho a una