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A p r o i n • 64
Mercantil
Luis Güell Cancela
Socio cuatrecasas abogados, s.r.l.
Tel. 986 449 300 – luis.guell@cuatrecasas.com
Seguridad y salud
Antonio Carballo Couñago
Arquitecto técnico • Coordinador del gabinete de
seguridad del COAATpo
Tel. 986 225 384 – acarballo@coaatpo.es
Pro p u e s t a s pa r a un a pr e v e n c i ó n
Re s p o n s a b i l i d a d Me d i o a m b i e n t a l
d e ca l i d a d
El Real Decreto 2090/2008, de 22 de diciembre, por el que se
aprueba el Reglamento de desarrollo parcial de la Ley 26/2007, de
23 de octubre, de Responsabilidad Medioambiental, aborda importantes
aspectos de la Ley de Responsabilidad Medioambiental como,
por ejemplo, la creación de una Comisión técnica de prevención y reparación
de daños medioambientales, y el establecimiento de un marco
metodológico para determinar el daño medioambiental que se ha
producido y, en función de su alcance, poder establecer las medidas
de reparación necesarias en cada caso.
Pero la gran novedad reside en que desarrolla la obligación impuesta
en la Ley 26/2007 para los operadores que realizan las actividades
previstas en su Anexo III –incluye una amplia variedad de
operadores y actividades, entre otras aquellas sujetas a autorización
medioambiental integrada, todas las que realicen vertidos de agua a
cauce público, las que manejen sustancias peligrosas, etc.- de constituir
garantías financieras con las que hacer frente a las responsabilidades
medioambientales en las que puedan incurrir (garantías que pueden
ser constituidas, de acuerdo con la Ley, bien mediante aval bancario,
reserva técnica o póliza de seguro).
Como prevé el artículo 24.3 de la citada Ley 26/2007, dicho cálculo
debe partir de una evaluación homogénea de los escenarios de riesgos
y de los costes de reparación por lo que este Reglamento establece
cómo fijar la cuantía de la garantía financiera siguiendo unos criterios
técnicos específicos – que se aplicarán tomando como punto de
partida un análisis de riesgos a efectuar por el operador que deberá
identificar los escenarios accidentales y su probabilidad de ocurrencia,
así como cuantificar el daño y el coste de la reparación-, pretendiendo
el legislador con la metodología empleada que los riesgos cubiertos
agrupen el 95% del riesgo total, excluyendo los escenarios más improbables
cuyo coste resulta manifiestamente más alto. Tras dicho análisis
de riesgos, que debe ser previamente verificado por entidad autorizada,
la autoridad competente es la encargada de determinar la cuantía
de la garantía.
De acuerdo con lo dispuesto en la Ley, la garantía financiera será
exigible para cada una de las actividades del Anexo III a partir de
la fecha que se establezca mediante Orden Ministerial. Asimismo, en
relación con la continuidad de la garantía financiera se prevé que debe
mantenerse en vigor durante todo el período de actividad, con independencia
de que pueda renovarse alguno de sus elementos, tales
como la modalidad de garantía por la que se opte o la entidad financiera
o aseguradora con la que se suscriba.
Las disposiciones adicionales tercera y sexta del real Decreto incluyen
cláusulas de adaptación de los seguros y de los análisis de riesgos
medioambientales ya existentes a la entrada en vigor del Reglamento
para que se puedan sustituir o completar con la finalidad de que se
cubran también las responsabilidades que se deriven del sistema de
responsabilidad medioambiental.
Además, se ha considerado oportuno incorporar una cláusula de
revisión de los métodos para la fijación de la cuantía de la garantía financiera
y para la reparación del daño medioambiental, cuando exista
la suficiente experiencia en su aplicación como para evaluar la idoneidad
de dichas metodologías o, en todo caso, a los cinco años de que se
haya iniciado su exigibilidad o su entrada en vigor, respectivamente.
Pasada la época en la que, en general, lo urgente no nos
dejaba tiempo para lo importante, se empieza a percibir una
cierta sensación de catarsis en el sector, con iniciativas encaminadas
a analizar la gestión desarrollada en tiempos de un gran
nivel productivo, con la finalidad de no repetir errores cometidos
entonces. Dicho análisis debería incluir la seguridad y la
prevención en las obras de construcción, como un indicador
más de la calidad que es.
En este sentido, algo que es manifiestamente mejorable, es
la ejecución de aquellas obras en las que no existe la figura
del contratista principal. Como es de todos conocido, en estos
casos, cada uno de los industriales que interviene en la obra,
como si de un contratista principal se tratara, ha de aportar su
propio Plan de Seguridad y Salud y ha de designar a su “recurso
preventivo”, (persona encargada de velar por el cumplimiento
y la eficacia del Plan).
El primer error que suelen cometer estos industriales o empresas
es el de elaborar el Plan de Seguridad y Salud sin tener
en cuenta el Estudio de Seguridad y Salud y sin tener el mínimo
contacto con el Coordinador de Seguridad y Salud en fase de
ejecución de obra, lo cual propicia el primer fracaso en forma
de no aprobación del Plan. Algo, por demás imprescindible
para poder proceder a la apertura del centro de trabajo ante la
Autoridad Laboral competente.
Además del Plan, cada empresa, ha de preparar y aportar
una serie de documentación entre la que no puede faltar: certificados
de aptitud médica de cada trabajador; actas de entrega
de los EPIs, a cada trabajador y, por último, la documentación
acreditativa de que los trabajadores han recibido la formación
mínima necesaria para el desarrollo del trabajo.
Poner todo esto en orden, coordinar en definitiva a un elevado
número de empresas, obliga a una coordinación intensiva
por parte del – valga la redundancia – coordinador de seguridad
y salud en la que adquieren una importancia máxima, la
planificación de las reuniones de coordinación. De tal forma
que dicha figura, la del coordinador, ha de ser potenciada por
el propio promotor de la obra, dado que es a través de él, como
este da cumplimiento a sus obligaciones de coordinación empresarial.
Esta forma de contratación demanda, por parte del promotor,
la contratación de una empresa encargada de la realización
y mantenimiento de las protecciones colectivas a lo largo de
toda la obra, incluyendo el control de accesos a la misma sino
se quiere estar sometido permanentemente a la incertidumbre
en cuanto al grado de cumplimiento de la normativa y si por
el contrario se empieza a considera la seguridad parte de la
calidad del producto obra.