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A p r o i n • 30
mercado libre, cobrando la Administración
impuestos al promotor en función
creciente en relación al precio de la vivienda
en esos suelos, el asunto estaba
solucionado sin tener que inventar extrañas
modalidades de vivienda que a
nadie interesa construir, que no están
en el mercado y que no hacen más que
elevar artificialmente el precio de la vivienda
libre (la vivienda de protección
tiene más de 50 años y fue creada para
otras necesidades). Evidentemente, en
suelos urbanos consolidados, existentes
en el mercado, no sujetos a “la acción
urbanística de los entes públicos”, el
precio, tanto del suelo como de la vivienda
serían totalmente libres.
Así las cosas el cumplimiento del
artículo 47 de la C. sería prácticamente
total y efectivo en su integridad, la
vivienda más barata, libre y por tanto
susceptible de obtener un crédito al
ser un bien de mercado, y mejor proporcionada
socialmente.
Como prueba de lo apuntado, en Caldelas
de Tuy, el Ayuntamiento ha llevado
a cabo la construcción de un edificio
de 19 viviendas de protección de entre
60 y 80 m 2 cada una, con precios de entre
73.000 y 78.000 euros. Teóricamente
una ganga, aunque visto “in situ” el edificio
(un antiguo cuartel remodelado)
deja mucho que desear (mucha calidad
y mucha norma do habitat, pero la Administración
cuando construye….). Pues
bien, en un primer sorteo, la banca, a
efectos de crédito, rechazó a 15 de los
19 apuntados, con lo que hubo que proceder
a otro sorteo para las 15 viviendas
no adjudicadas. Pasado un tiempo
y convocado el sorteo, sólo son 12 los
aspirantes a las 15 viviendas (Tuy tiene
11.500 habitantes), quienes tendrán que
pasar de nuevo el filtro de los bancos a
la espera de obtener el correspondiente
crédito, y así sucesivamente, y ello con
las primeras que se ponen a la venta.
La explicación es de libro, aunque
la Consellería de Vivienda de la Xunta
(la saliente) no haya querido enterarse
y se empeñe en remar en sentido
contrario: Actualmente los bancos son
enormemente reacios al crédito hipotecario
a la vivienda, que sólo conce-
den a solicitantes solventes y con avales
adecuados para viviendas que están
en el mercado, condiciones que para
nada se dan en los casos de viviendas
de protección, ni por solvencia, ni por
estar las viviendas en el mercado.
El mensaje actual es que con la
crisis, TODOS, no sólo promotores y
compradores, tenemos que espabilar
y cambiar nuestros hábitos e incluso el
sistema de negocio. De esto la Administración
parece no enterarse y sigue
adelante, cada día más, empeñada en
el obsoleto invento de la protección oficial…
en lugar de olvidarse de una receta
y de un sistema totalmente amortizado,
ya que ni haciéndolas la propia
Administración a precios ridículos son
capaces de colocarlas, cuando hacerlas
libres, avaladas por la Administración
quien además debería hacerse cargo de
los intereses, dejando la devolución del
principal para los compradores protegidos,
es hoy en día la única salida.
Actualmente España, y sobre todo
Galicia, son quienes practican una actitud
más ignorantemente radical en Europa
en esta materia, con una regulación
de dudosísima constitucionalidad
y de una efectividad absoluta a la hora
de cerrar cualquier esperanza de recuperación
para el sector de la vivienda.
Hemos pasado de un Estado que
asumía su responsabilidad a la hora de
hacerse cargo de proporcionar viviendas
a los más necesitados, pasando por
admitir el compartir esa labor con la
iniciativa privada que lo demandase, a
una situación como la actual en la que
la Administración no sólo huye de tal
cometido sistemáticamente (en Galicia
sólo han acometido este año el 0,7% de
las viviendas), sino que llega a ¡OBLI-
GAR! a la iniciativa privada a tomar
el relevo de sus obligaciones, en proporciones
además del 40% (en Vigo el
43% de media), en condiciones absolutamente
ruinosas para la empresa, que
debe fabricar un producto para el que
no está preparado, que no es su especialización,
que no se le da otra opción,
que ha tenido que adquirir el suelo en
el mercado libre a precios desorbitados
consentidos por la Administración, a
vender a precios no concertados con
esa empresa, a hacerlo con unas calidades
y en un tiempo determinado y en
los mismos lugares en donde promueva
la vivienda libre, so pena de no autorizar
licencias, todo ello en proporciones
ajenas a la demanda del mercado,
vendiendo a clientes salidos de un sorteo,
la mayoría no solventes para las
entidades crediticias, ajenos al lugar de
emplazamiento de sus trabajos y de su
residencia habitual, etc., algo que está
llevando al Estado a convertirse en el
primer enemigo del empresario, en
quien propicia su ruina, en una actitud
absolutamente miope, al tener que
nutrirse el Estado de los impuestos de
unas empresas a las que está llevando
a la ruina, por el único motivo de querer
vender el demagógico argumento
de “vivienda barata para todos a costa
de los canallas de los empresarios”, una
actitud de extrema izquierda, propia
de principios del siglo anterior.
En Europa, todo esto se afronta de
forma radicalmente distinta y siempre
desde la propia Administración, algo parecido
a lo que sucede en Barcelona, lo
más parecido a Europa de lo que conocemos,
donde en el macroproyecto (200
Ha.) de reforma interior para desarrollo
de la ciudad del conocimiento, el polígono
llamado 22@, se recalifica el suelo, a
elección, pasándolo de industrial a terciario
especializado, adjudicando para ello
un 50% más de edificabilidad al propietario
del suelo, facilitándole clientes y pidiéndole
la cesión del 30% del suelo para
que el municipio construya zonas verdes,
equipamientos y viviendas de protección,
a coste cero del suelo (cesión), y con proyectos
llevados a cabo por el Instituto