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A p r o i n • 8
El Ayuntamiento de Vigo
y el Urbanismo
EEn 1972, acababa de aprobarse el
primer Plan General de Ordenación
Urbana en el Ayuntamiento de Vigo,
cuya normativa, como siempre ocurre,
generaba toda una serie de dudas
e interpretaciones entre los distintos
técnicos municipales y entre éstos y los
privados que presentaban sus proyectos
a trámite en el Ayuntamiento.
En aquel entonces, la labor de los
técnicos estaba muchísimo menos politizada
que lo está hoy (esto le puede
parecer raro a los jóvenes acostumbrados
a escuchar que les cuenten batallitas
sobre un tenebroso pasado, en todos los
aspectos). Las licencias, en cuanto a sus
informes, dependían principalmente de
dos direcciones: Vias y Obras, con un
ingeniero a su cargo (José Sáez Díez),
y Edificación a cargo de un arquitecto
(Emilio Bugallo Orozco). El concejal de
urbanismo (Antonio Alonso Álvarez),
para nada se inmiscuía en cuestiones
técnicas ni en asuntos de materia reglada,
y menos el alcalde (Antonio Ramilo).
Los informes de Vías y Obras y de Edi-
por parte del Pleno y que estuvo en vigor
el tiempo en que lo estuvo el PGOU,
que fue comunicado a todos los colegios
profesionales y que desde entonces, fue
de dominio público y de obligado cumplimiento,
los 16 años que estuvo vigente
el PGOU-72, salvo que algún tribunal
dijera algo contrario al respecto, –lo que
no ocurrió– o que arquitecto e ingeniero
municipales decidieran al respecto en
cuanto a cuestiones no contempladas.
Actualmente, nos encontramos en
una situación similar en cuanto al problema
se refiere. Se ha aprobado recientemente
un nuevo PGOM en el Ayuntamiento,
con una nueva normativa, al
tiempo que también son de aplicación
las nuevas normas del Hábitat y el Código
Técnico de Edificación, algo que,
como entonces, también genera distintas
interpretaciones y por lo tanto crea
un preocupante estado de indefensión
en el ciudadano con la consecuente inseguridad
jurídica correspondiente.
Soslayar el problema, sería actualmente
mucho más sencillo, ya que en
lugar de dos jefes técnicos, actualmente
existe una Gerencia de Urbanismo con
un máximo responsable (al menos teórico),
la directora de la Gerencia, y un
concejal de urbanismo, con mayor grado
de intervención (en lo político) al que
ejercían en 1972, que bien podrían en
un santiamén, si ejercieran su autoridad,
dar solución al problema, de forma similar
a como se hizo hace ahora 37 años,
por el bien de todos. Desgraciadamente,
el problema actual radica en una absoluta
falta de autoridad, de voluntad en dar
solución a los problemas, y en una ausencia
absoluta de preocupación por los
problemas que se generan en cuanto a la
inseguridad jurídica, el incumplimiento
de plazos y todas sus consecuencias. En
su lugar, ni concejal ni directora de la
Gerencia intervienen para dar su soluficación
eran refundidos por la Asesoría
Jurídica a cargo de una abogada (Marita
Vázquez de la Cruz) que confeccionaba
una propuesta y ésta iba cada semana a
la “Comisión Permanente”, quien tras
pedir asesoría a los distintos técnicos en
aquello que no entendían, otorgaban la
correspondiente licencia siempre en menos
de tres meses, como era de rigor.
Aprobado el Plan General y a los efectos
de que no hubiera inseguridad jurídica
alguna y que todo quedara claro, tanto
ingeniero como arquitecto responsables
de las oficinas técnicas, pidieron a sus
técnicos que en dos semanas les hiciesen
llegar sus observaciones a como entender
aquellas partes de las ordenanzas que, o
bien no estuvieran claras, o crearan controversias,
con sus distintos razonamientos
al respecto y su visión en cuanto a la
búsqueda de soluciones. Recibidas las
observaciones de cada uno, Ingeniero y
Arquitecto redactaron un documento que
se llamó “Reglas de Interpretación a las
Normas Urbanísticas del Plan General”,
documento que fue llevado a aprobación