La relación entre humanos y mascotas Una terapéutica de resiliencia

avances de investigación
la población civil. Como consecuencia del accionar de las
FARC-EP en esta región, son varios los operativos que las
fuerzas militares han desarrollado en el Meta (Asfaddes y
Col, 2000: 136).
Las expresiones de la violencia en el Meta, en la actualidad,
se continúan caracterizando por una profunda crisis de violaciones
incesantes a los derechos humanos en el escenario
de una profunda degradación y agudización del conflicto
social y armado y la violación del derecho internacional
humanitario que tiene su mayor expresión en el desplazamiento
forzado de la población civil que se encuentra en
medio de esta situación.
DESPLAZAMIENTO FORZADO POR LA VIOLENCIA EN
COLOMBIA
El DFV en Colombia se considera una consecuencia directa
de los conflictos armados que se han desarrollado en el
país. La expulsión violenta de las comunidades negras, indígenas
y campesinas, y más recientemente, de habitantes
de las zonas marginales de las grandes ciudades (desplazamiento
intra urbano) ha sido efecto directo de los conflictos
bélicos ligados a intereses de apropiación y explotación
económica del control militar de diferentes zonas de territorios,
claramente delimitados por los diferentes grupos
armados regulares e irregulares, entre otras causas.
Durante el siglo XIX y comienzos del XX, los conflictos armados
en Colombia mantuvieron un fuerte componente
de expropiación de tierras y de las posesiones de los contrarios
ya vencidos, así como la usurpación de su mano de
obra mediante el reclutamiento forzado de los peones y
aparceros de las haciendas. También, desde la disolución
de la Gran Colombia hasta 1981, las guerras civiles marcaron
un período importante en la continuidad de la violencia,
con el correspondiente efecto del desplazamiento de
miles de personas que huían de la violencia (Comité Cívico
por los Derechos Humanos del Meta, 2003: 22).
En el siglo XX, el desplazamiento forzado por la violencia
continúa alimentando el proceso de ordenamiento regional
del país, sobre todo a partir de tres hechos: la conformación
de las guerrillas liberales o movimiento de autodefensas
campesinas, el período de la violencia política o
violencia liberal - conservadora y en el actual conflicto social
y armado que se sucede desde hace más de cincuenta
años (Ibíd: 23).
El DFV es definido por la Conferencia Episcopal Colombiana,
quizás uno de los organismos colombianos que más se
ha preocupado y estudiado este fenómeno, como “las migraciones
forzadas que implican razones involuntarias y/o
violentas en el momento de abandonar un territorio. Conflictos
sociales, conflictos armados, graves perturbaciones
del orden público, violaciones sistemáticas de los derechos
humanos, infracciones a las normas del derecho internacional
humanitario, desastres ecológicos son, entre otras
cosas, causas de migraciones forzosas” (Conferencia Episcopal
de Colombia, 1995: 38).
Sólo hasta 1997, y enmarcado en una fuerte presión nacional
e internacional sobre la situación de la población que
se encontraba en condición de DFV, todo lo anterior, confirmado
con los estudios sobre el evento desde el año de
1985, el Estado colombiano aceptó tanto la existencia de
esta crisis humanitaria, así como su responsabilidad en la
prevención y atención de este fenómeno. Lo anterior se
cristalizó mediante la promulgación de la Ley 387 de 1997:
“Por la cual se adoptan medidas para la prevención del
desplazamiento forzado; la atención, protección, consolidación
y estabilización socioeconómica de los desplazados
internos por la violencia en la República de Colombia” (Ley
387 de 1997. Artículo 1).
“Es desplazado toda persona que se ha visto forzada a
migrar dentro del territorio nacional abandonando su localidad
de residencia o actividades económicas habituales,
porque su vida, su integridad física, su seguridad o libertad
personales han sido vulneradas o se encuentran directamente
amenazadas, con ocasión de cualquiera de las siguientes
situaciones: conflicto armado interno, disturbios
y tensiones interiores, violencia generalizada, violaciones
masivas de los derechos humanos, infracciones al derecho
internacional humanitario u otras circunstancias emanadas
de las situaciones anteriores que puedan alterar o alteren
drásticamente el orden público” (Ibíd.).
El desplazamiento forzado por la violencia se entiende
como un proceso que se caracteriza por la naturaleza arbitraria
e ilegal que lo origina, en el cual el evento de la salida
constituye sólo una parte del proceso, debido a la dinámica
particular que contiene el conjunto de circunstancias previas
y posteriores que lo conforman. Además, este evento
resume la violación de derechos civiles, políticos económicos,
sociales y culturales.
Según la historiadora María Teresa Uribe (Uribe, 2002: 2):
“El desplazamiento interno por razones bélicas o violentas
no se circunscribe a períodos cortos y predominantemente
intensivos en los cuales huyen de sus hogares grandes cantidades
de personas al mismo tiempo, quizás, por eso más
visible y más espectacular; entre nosotros el éxodo forzado
es un eje de pervivencia histórica, que atraviesa toda la
vida nacional desde la fundación de la República hasta el
presente; presentando coyunturas de agudización e intensificación
combinadas con períodos de relativa estabilidad
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