La relación entre humanos y mascotas Una terapéutica de resiliencia

el 11 de septiembre contribuya a agravarla. Tanto el ejército,
con sus aliados paramilitares, como los grupos armados
de oposición siguieron cometiendo graves violaciones
y abusos contra los derechos humanos cuyas principales
víctimas fueron los civiles. Los datos estadísticos del año
son escalofriantes: más de 300 personas «desaparecidas»,
más de 4.000 civiles muertos al margen de los combates,
la mayoría a manos de los paramilitares respaldados por
el ejército, un sinnúmero de personas desplazadas y más
de 1.700 secuestradas, principalmente por los grupos de
la guerrilla” 9 .
Independientemente del grado del vinculo entre el Ejército
y los paramilitares, lo cierto es que a los ojos de los veedores
internacionales de los derechos humanos, el Estado
colombiano no ha sido efectivo en las medidas tomadas
para combatir el paramilitarismo, ni para castigar ejemplarmente
a los altos mandos militares, acusados de apoyar
o conformar grupos paramilitares. De tal forma que la
responsabilidad estatal por la protección y garantía de los
derechos humanos sigue siendo cuestionada en el ámbito
internacional, a pesar que se reconoce las dificultades para
dar cumplimiento al Derecho Internacional de los Derechos
Humanos y al DIH en situaciones de conflicto armado interno.
Así lo recomienda el Informe 2003 del Alto Comisionado
de Naciones Unidas para los Derechos Humanos:
“El alto comisionado exhorta al presidente de la República
a adoptar, en su condición de jefe de Estado y de comandante
supremo de la fuerza pública, todas las medidas
necesarias para que, independientemente de posibles
diálogos entre el gobierno y los grupos paramilitares, cese
todo vínculo entre servidores públicos y miembros de dichos
grupos. También lo exhorta a informar al procurador
general de la nación y al defensor del pueblo, por medio de
reportes semestrales, sobre la ejecución de dichas medidas
y los resultados de las mismas” 10 .
Para los órganos multilaterales y las ONGs internacionales,
es significativo que el gobierno colombiano facilite la visita
de distintas agencias de Naciones Unidas y del Sistema Interamericano,
para verificar in situ, la situación del país. De
tal forma, durante el período 1998-2002, visitaron el país
(entre otros): el relator especial sobre las ejecuciones extrajudiciales,
sumarias o arbitrarias; el Grupo de Trabajo sobre
las Desapariciones Forzadas o Involuntarias; el relator especial
sobre la libertad de opinión y expresión; el representante
especial del secretario general sobre la situación de los
defensores de los derechos humanos; la Relatora Especial
sobre la violencia contra la mujer y la Comisión Interamericana
de Derechos Humanos. Visitas que enviaron a la comunidad
internacional, señales positivas de reconocimiento
de los sistemas de protección de los derechos humanos,
por parte del Estado y del gobierno colombiano.
Sin embargo, esas señales son atenuadas con la inobservancia
sistemática de las recomendaciones internacionales,
emitidas por estas agencias y por el desprestigio a que son
sometidas las organizaciones no gubernamentales de derechos
humanos, nacionales e internacionales, por parte de
algunos sectores del gobierno y de las Fuerzas Militares. De
esta manera se ha pronunciado la Comisión Interamericana
de Derechos Humanos:
“Los Estados miembros de la Organización de los Estados
Americanos, la CIDH y otros organismos intergubernamentales,
han sido categóricos en su apoyo a la labor de las
personas, grupos y organizaciones dedicados a la promoción
y protección de los derechos humanos y ven con gravísima
preocupación las amenazas, los señalamientos en
los medios de comunicación, los actos de hostigamiento,
atentados, asesinatos y desapariciones perpetrados contra
los defensores de derechos humanos en Colombia. La
Comisión considera que los ataques a los defensores de
derechos humanos tienen un grave efecto multiplicador
sobre las violaciones a los derechos humanos de toda la
población. En lo que va del año 2001 han sido asesinados
trece defensores de derechos humanos. Cuando se silencia
la voz de los que denuncian los asesinatos, torturas, secuestros
y desapariciones, la sociedad entera se perjudica por
el ambiente de violencia e impunidad que encuentra en el
silencio a su mayor cómplice” (Ibíd.).
El gobierno Pastrana ratifica la tradición colombiana de
aceptar el ordenamiento internacional, reconocer la importancia
de los organismos multilaterales y de acogerse
al discurso de los derechos humanos, a través de la firma
de tratados y acuerdos relativos 11 . Sin embargo, esa aceptación
no ha significado un mejoramiento de la inserción
internacional del país, por cuanto los veedores internacionales
de derechos humanos siguen señalando al Estado
como responsable de la grave situación de los derechos
humanos, aunque reconocen la responsabilidad que le atañe
a los grupos armados ilegales, el narcotráfico y la crisis
económica, en el deterioro progresivo de la situación. Así
lo reconoce la Comisión Interamericana de Derechos Humanos:
“Como comentario final y en virtud del análisis anterior, la
Comisión considera que el respeto de los derechos humanos
fundamentales se ve gravemente afectado en Colombia.
Asimismo nota que, a pesar de los esfuerzos realizados
dentro y fuera del Gobierno, se ha registrado un deterioro
progresivo de la situación desde su visita anterior, en diciembre
de 1997, y este deterioro está relacionado en parte
con la falta de pleno cumplimiento con las recomendaciones
formuladas por la CIDH en dicha ocasión. La Comisión
desea enfatizar que las graves violaciones a los derechos
humanos y al derecho internacional humanitario que han
60
Fundación Universitaria del Área Andina