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del irrespeto con que se ha tratado al juez ejecutor por parte de las autoridades no
judiciales.
Otra circunstancia que coadyuva a la no efectividad del procedimiento tal como
está concebido, es la situación de inseguridad jurídica con que los jueces actúan,
no obstante estar facultados para resolver otra etapa procesal; tal es el caso de
dictar el sobreseimiento, si ello procediere por no haber el mérito suficiente para
elevar la causa a plenario. Luego de haber recibido la certificación respectiva de la
resolución del juez ejecutor, quedan a la espera, muchas veces por largo tiempo,
de la decisión de los tribunales superiores, que conocen de la garantía, de pedir la
causa, lo que puede no suceder, omitiendo así los tribunales que conocen del
proceso darle el debido cumplimiento a los plazos fijados por la ley.
Por otra, parte la función del juez ejecutor se vuelve de hecho inútil, debido a que,
no obstante que estimare procedente la libertad del favorecido, y así lo informare a
la autoridad que le ha otorgado el nombramiento, éste en un cien por ciento de los
casos, con base en el art. 71 de la Ley de Procedimiento Constitucionales,
siempre pide el proceso para confirmar o revocar la resolución, ocupando para ello
más del tiempo legal establecido, en perjuicio de una pronta administración de
justicia.
Finalmente, si es vinculante el informe del Juez Ejecutor, la Jurisprudencia
nacional se ha pronunciado por la respuesta negativa aunque haciendo la
salvedad de que ese informe puede ser tomado en cuenta en la elaboración de la
sentencia final.
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