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Por tanto, también se establece que no existe contravención al art. 144 Cn. de
manera refleja por la contravención del art. 294 inc. 2º respecto de los arts. 9.3 del PIDCP
y 7.5 de la CADH, y así debe ser declarado en la presente sentencia.
Y es que, por otro lado, la Convención de las Naciones Unidas Contra el Tráfico
Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Sicotrópicas da a entender, respecto de los
Estados Parte, que éstos se esforzarán para asegurar que cualesquiera facultades
legales, conforme a su derecho interno, relativas al enjuiciamiento de personas por los
delitos tipificados de conformidad a la misma, se ejercerán para dar la máxima eficacia a
las medidas de detección, “teniendo debidamente en cuenta la necesidad de ejercer un
efecto disuasorio en lo referente a la comisión de esos delitos”. La idea que subyace y
aflora en esta disposición, también es valiosa para la detección o determinación de todo
tipo penal pernicioso o de gran impacto en los bienes jurídicos amparados por la
Constitución, habida cuenta del interés general tutelado y el propósito de prevenir dentro
de límites razonables contra la impunidad de semejantes tipos penales.
3. En síntesis, teniendo en cuenta lo expresado en el romano IV. 1. F. y romano V.
2., en cualesquiera caso, incluyendo los contenidos en el artículo 294 Inc. 2° Pr. Pn., las
medidas cautelares y, por supuesto, al tratarse de la aplicación de la detención provisional
-ya sea en forma explícita o implícita- su motivación debe establecer la razonabilidad o
ponderación de la misma como resolución jurisdiccional, en cumplimiento de la referida
disposición y, en cumplimiento de los parámetros expresados por el Art. 292 Pr. Pn., con
énfasis en la ponderación razonable de los presupuestos habilitantes de la medida,
siempre en función del aseguramiento de sus objetivos procesales, tal como se ha
indicado en esta sentencia; ya que, en ningún caso, las disposiciones de una ley, en
especial las de procedimiento jurisdiccional, pueden tener aplicación sin razonamiento o
sin justificación fáctica, particularmente en materia procesal penal, cuando se trata de
restringir la libertad de una persona.
A tales efectos, y en el caso de los delitos relativos a la libertad sexual, los
contenidos en la Ley Reguladora de las Actividades Relativas a las Drogas y los previstos
en la Ley contra el Lavado de Dinero y Otros Activos, el art. 18 Pn. constituye un criterio
objetivo para delimitar razonablemente la ponderación aludida, según la gravedad del
ilícito.