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por otras medidas cautelares: (i) homicidio simple y agravado, secuestro, robo agravado y
extorsión, los cuales tienen como denominador común que son ataques a bienes jurídicos
que se encuentran entre los más importantes de la persona humana: vida, libertad
personal, propiedad; (ii) defraudación a la economía pública, comercio de personas,
tráfico ilegal de personas y trata de personas, así como los delitos contemplados en la Ley
Reguladora de las Actividades Relativas a las Drogas y en la Ley contra el Lavado de
Dinero y Activos, que son delitos realizados por estructuras de crimen organizado, que
plantean al Estado un reto mayor en cuanto a su persecución y combate, que el resto; (iii)
delitos contra la libertad sexual, que al ser usado como una categoría genérica
comprende tanto ataques graves a uno de los bienes jurídicos más importantes de la
persona, como conductas que no encajan en tal categoría, v. gr., el art. 171 del C. Pn.
Desde la perspectiva de un análisis abstracto, propio del proceso de
inconstitucionalidad, es atendible la ponderación realizada por el Legislativo respecto de
las categorías precisas.
Respecto de los delitos contemplados en la Ley Reguladora de las Actividades
Relativas a las Drogas, así como los delitos contenidos en la Ley Contra el Lavado de
Dinero y Activos y los delitos contra la libertad sexual, es preciso hacer algunas
consideraciones en particular; pues, dada la amplitud de su consideración se contemplan
conductas que aparecen como justificantes de la ponderación realizada por la autoridad
emisora del art. 294 inc. 2º –como el delito de agresión sexual en menor o incapaz– y
otras que no lo son.
En efecto, respecto de la categoría que comprende, de manera genérica, los
delitos contra la libertad sexual, los delitos relativos a las drogas y los delitos relacionadas
con el lavado de dinero y otros activos, no puede hacerse un juicio completo sobre su
constitucionalidad, pues dependerá de la dañosidad del mismo, su comprensión dentro de
la justificación mencionada o no y encontrar en ellos la ponderación realizada por el
Legislativo.
Un criterio para delimitar objetivamente la anterior consideración, se encuentra en
la distinción legislativa contenida en el art. 18 Pn., en tanto que los delitos se clasifican en
graves y menos graves, según su penalidad. En ese sentido, y siendo que la ponderación
legislativa se justifica en la dañosidad de las conductas punibles, debe interpretarse que la