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arts. 77-A y 77-C de la L.Pr.Cn., respectivamente en cada proceso se ha verificado que la
declaratoria de inaplicabilidad en referencia reúne los presupuestos mínimos para tramitar
y decidir un proceso de inconstitucionalidad.
Así, en dichos autos iniciales se señaló que “en su resolución, el juez remitente ha hecho
alusión a los arts. 9.3 del PIDCP y 7.5 de la CADH (...). Al respecto, esta Sala ha
sostenido que los instrumentos internacionales de derechos humanos, si bien pueden
desarrollar preceptos constitucionales, no constituyen parte integrante de la Ley Suprema,
es decir, no forman un bloque de constitucionalidad con ésta. Sin embargo, también se ha
afirmado que la parte actora, además de proponer un parámetro de rango constitucional,
puede invocar instrumentos internacionales sobre derechos humanos como fundamento
complementario de la pretensión planteada en un proceso de esta naturaleza pero, en
este caso, la confrontación debe plantearse respecto de la Constitución, y no del tratado
considerado aisladamente. Consecuentemente, la disposición constitucional que
resultaría vulnerada –si fuera el caso– al confrontar la ley con normas de tratados
internacionales sería el art. 144 inc. 2° Cn., que consagra el valor jurídico y posición de
éstos en el sistema de fuentes. En esos términos, la transgresión ocurre indirectamente,
en relación con ese parámetro constitucional, y es así como deberá entenderse el
planteamiento de este motivo de inconstitucionalidad”.
También se circunscribieron los motivos sobre los cuales se decidiría en la sentencia de
fondo, y se afirmó que, si bien el juez al inaplicar la disposición penal en cuestión utilizó
varios preceptos constitucionales, éstos redundan en la primacía de la persona humana
como el origen y fin de la actividad estatal, que se origina de los valores a ella inherentes
–dignidad, libertad e igualdad–, y que en materia penal se concreta en la presunción de
inocencia.
En suma, se aclaró que el examen radicará esencialmente en dilucidar, de un modo
general, obligatorio y, en su caso, con carácter constitutivo, si el objeto de control
contraría lo dispuesto en el art. 12 Cn., que consagra la presunción de inocencia del
imputado, así como también, el art. 144 inc. 2° Cn., por acción refleja de la supuesta
vulneración del principio que prohíbe regular la detención provisional como la regla en el
proceso penal, que tiene su fundamento en los artículos 9.3 del PIDCP y 7.5 de la CADH.