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proceso, como de la efectividad de la sentencia que lo culmina, en caso de ser
estimatoria.
Teniendo en cuenta lo expuesto, las medidas cautelares son las herramientas
procesales a través de las cuales se persigue dotar de eficacia a la decisión que dicte el
órgano jurisdiccional encargado de pronunciarse sobre el fondo de un asunto sometido a
su conocimiento.
En virtud de lo expuesto, es preciso señalar que, en toda clase de procesos, las
medidas cautelares deben corresponderse a los efectos que se pretenden garantizar y
que eventualmente han de concurrir mediante la sentencia que corresponda.
En tal sentido, los presupuestos para la adopción de las medidas cautelares
consisten en la probable existencia de un derecho amenazado –fumus bonis iuris– y el
daño que ocasionaría el desarrollo temporal del proceso o procedimiento para darle
cumplimiento a la sentencia –periculum in mora– supuestamente esperada, ante la
apariencia favorable a derecho. En efecto, el primero de dichos presupuestos permite
advertir o visualizar la fortaleza jurídica razonable, que la sentencia definitiva puede ser
favorable a la pretensión, asunto que da, al mismo tiempo, suficiente fundamento para
decretar la medida cautelar razonable, ante el riesgo de ser ilusoria o inefectiva aquella
misma sentencia. Ambos presupuestos, según la fundamentación de la pretensión y la
gravedad de la infracción penal, se relacionan necesariamente para decretar la medida
cautelar.
2. En el otro extremo de la delimitación conceptual se encuentra la libertad
personal, que es libertad jurídica, lícitamente realizable como derecho integrante del
sistema constitucional de derechos, es la facultad de autodeterminación y
autoorganización que implica la capacidad de adoptar y ejecutar libremente las propias
decisiones. Se plantea así como la facultad de que la persona determine libremente su
conducta –dentro de la juridicidad–, sin que pueda sufrir injerencia o impedimentos, sin
habilitación legal, por parte de terceros, especialmente poderes públicos.
Asimismo, la libertad jurídica implica el derecho de disponer de la propia persona y de
determinar la propia voluntad y de actuar de acuerdo con ella, sin que nadie pueda