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Procedimiento: Que deben imperar los principios de la oralidad, celeridad e inmediación, Debe carecer de formalidades, pero que contenga información básica. El habeas corpus debe jugar un papel preventivo, protegiendo a la persona, evitándole en lo posible mayor violaciones a sus derechos humanos Los plazos deben ser breves, ya que la Ley establece plazos hasta de 5 días para realizar diligencias con el fin de restituir tal derecho. Deben haber sanciones por el incumplimiento de los plazos del procedimiento, por la denegación de la detención comprobada, por la dilación justificada o dolosa del procedimiento, por violaciones de la garantía del detenido y por negarse a atender la orden de libertad del juez ejecutor. 5.4.7 Propuesta de creación del Reglamento a la Ley de Procedimientos Constitucionales De la investigación llevada a cabo, se obtuvieron resultados positivos sobre la necesidad de la creación de un reglamento a la Ley de Procedimientos Constitucionales, que desarrolle de una forma clara y precisa dicha ley. Para la creación de este reglamento es necesario realizar reformas a la ley para que de origen a este cuerpo normativo; este debe contener regulaciones claras, establecimiento de obligación de funcionarios, imposiciones de sanciones por la retardación en sus resoluciones 183
5.4.8 NUEVA REGULACIÓN. Es importante hacer mención del anteproyecto de la Ley Procesal Constitucional del año 2001, en el cual se establece que los procesos constitucionales deben regirse por principios que los doten de eficacia y celeridad, en atención a los derechos fundamentales que protegen. En lo relativo al proceso de habeas corpus, el mencionado anteproyecto contempla la protección de la dignidad o integridad física, psíquica o moral de las personas detenidas, en concordancia con la reforma constitucional del articulo 11 inciso segundo; y cuando se trate de violaciones a estos derechos se establece un plazo de doce horas para que la autoridad demandada presenta el informe correspondiente. El anteproyecto elaborado ha suprimido la institución de juez ejecutor, en vista que no existe la menor duda, a través de la experiencia, de que su actuación de poco o nada sirve en la mayoría de los casos en la resolución final de los tribunales competentes; razón por la cual la ley que regula la garantía aparece contradictoria con el ejercicio del derecho consagrado en el articulo 11 inciso segundo de la constitución. 184
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