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Analizados los argumentos y considerando:
I. En el trámite del presente proceso constitucional, los intervinientes han expuesto las
siguientes argumentaciones:
1. A. La Jueza de Paz del Municipio de Apopa manifestó en la decisión supra detallada
que, al interpretar literalmente el art. 294 inc. 2º del C. Pr. Pn., el mismo taxativamente
hace una diferenciación de los delitos que no pueden gozar de medidas sustitutivas a la
detención provisional, sin justificación alguna del por qué de esa diferenciación; lo que
atentaría contra los “derechos universales” de dignidad humana, igualdad y libertad. Por
tanto, en uso de la facultad que le confiere el art. 185 Cn. declaró inaplicable tal
disposición, en lo relativo a que no procederá la sustitución de la detención provisional por
otras medidas en el delito de Robo Agravado, por ser incompatible con el derecho de
igualdad regulado en el art. 3 Cn.
B. El Juez Primero de Instrucción de Santa Tecla expresó, en ambos procesos, que en la
aplicación del art. 294 inc. 2º del C. Pr. Pn. debía atender a la prevalencia de la normativa
internacional “sobre el derecho adjetivo local”, de acuerdo al art. 144 Cn., específicamente
los arts. 9.3 del PIDCP y 7.5 de la CADH. Aunado a ello, los arts. 1, 12 y 246 de la Ley
Suprema establecen a la persona humana como el origen y el fin del Estado, a través de
la consecución de los valores justicia, seguridad jurídica y bien común, como también la
presunción de inocencia y la inalterabilidad de la Carta Magna ante toda ley y reglamento.
En ese sentido, dicha autoridad judicial declaró inaplicable la disposición sujeta a control
de constitucionalidad por contrariar las normas de rango constitucional invocadas, en
especial la garantía procesal de toda persona a la que se le imputa un ilícito de ser
considerada inocente mientras no se demuestre lo contrario en un juicio público y con
arreglo a las leyes.
C. El Juez de Paz de la ciudad y puerto de La Libertad argumentó que, según el art. 144
inc. 2º Cn., la ley no puede modificar o derogar lo acordado en un tratado, y los arts. 9.3
del PIDCP y 7.5 de la CADH disponen que la detención provisional no debe ser la regla
general, aunque la comparecencia del procesado en el juicio puede estar garantizada por
otras medidas cautelares menos gravosas. Esto último sería contradicho, según dicho
Juez, por la disposición legal inaplicada, pues se prohíbe la sustitución de la detención por
cualquier otra medida diferente en ciertos delitos, como el Homicidio Agravado.