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inculpado se presume inocente, en tanto no exista prueba o evidencia objetiva para
sostener razonablemente que el imputado es, con probabilidad, autor o partícipe ante los
tribunales y mientras tanto deben reducirse al mínimo la imposición de medidas
restrictivas de derechos durante la tramitación del proceso penal, a fin de que éstas no se
conviertan en medidas arbitrarias o en penas anticipadas. Finalmente, la presunción o
principio de inocencia como regla relativa a la prueba, exige que la actividad probatoria de
cargo que demuestre la culpabilidad del inculpado sea suministrada por la acusación,
imponiéndose la absolución ante la existencia de dudas razonables sobre la culpabilidad.
B. Por lo anterior, cabe mencionar que la presunción o principio de inocencia tiene
una especial incidencia en el ámbito de las medidas cautelares, siendo compatible con las
mismas siempre que éstas se impongan por medio de una resolución motivada, en la que
queden de manifiesto la finalidad perseguida, esto es, el aseguramiento de los fines del
proceso.
Por ende, para que las medidas cautelares sean compatibles con la presunción o
principio de inocencia, deben cumplirse los siguientes requisitos: (i) existencia de indicios
racionales de la comisión de un delito que permita sostener que el objeto del proceso no
se va a desvanecer; (ii) establecido lo anterior, también es necesario que existan indicios,
por lo menos, de la participación en la infracción penal, en alguna de las formas que
impliquen responsabilidad y que vuelvan razonablemente probable la culpabilidad del
imputado; (iii) que tengan un fin constitucionalmente legítimo que responda a la necesidad
de conjurar ciertos riesgos relevantes para el fin del proceso, partiendo de la gravedad del
delito, dado que la detención provisional sólo tiene un fin cautelar y no retributivo respecto
a una infracción no declarada; y (iv) que su adopción y mantenimiento se conciben como
una medida excepcional, subsidiaria, necesaria y proporcional a la consecución de los
fines.
4. Sobre la base del marco constitucional antes señalado, resulta procedente
realizar un análisis de la detención provisional, cuya ubicación dentro del texto
constitucional –art. 13 inc. 3° Cn.– permite advertir que su naturaleza es distinta de la
pena privativa de libertad, pues aparece contemplada entre aquellas restricciones de
libertad que pueden denominarse asegurativas, es decir, que se autorizan no a modo de
sanción por el incumplimiento o infracción de una norma, sino con el objeto de poder