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Inconstitucionalidad.
28-2006/33-2006/34-2006/36-2006
Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia: San Salvador, a las doce horas
del día doce de abril de dos mil siete.
Los presentes procesos constitucionales acumulados han sido iniciados, de conformidad
a lo prescrito en el art. 77-F de la Ley de Procedimientos Constitucionales (L. Pr. Cn.),
mediante los siguientes requerimientos: el primero, por medio de certificación remitida a
esta Sala por la Jueza de Paz del municipio de Apopa, Departamento de San Salvador,
de la resolución emitida por ese tribunal el 21-IX-2006; el segundo y el tercero, mediante
certificaciones remitidas por el Juez Primero de Instrucción de Santa Tecla, de las
resoluciones pronunciadas respectivamente los días 21-IX-2006 y 19-IX-2006; y el cuarto
mediante certificación remitida por el Juez de Paz de la ciudad y puerto de La Libertad, de
la resolución pronunciada el día 12-IX-2006, mediante las cuales se declaró inaplicable el
art. 294 inc. 2° del Código Procesal Penal (C. Pr. Pn.), emitido por D. L. nº 904, de 4-XII-
1996, publicado en el D. O. nº 11, tomo 334, correspondiente al 20-I-1997, reformado por
D. L. nº 458, de 7-X-2004, publicado en el D. O. nº 207, tomo 365, correspondiente al 8-
XI-2004; por considerarlo contrario a los arts. 1, 2, 3, 246 y 144 Cn., este último en
relación con los arts. 9.3 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP) y
7.5 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH).
La disposición inaplicada prescribe:
“Art. 294. No procederá la sustitución por otra medida cautelar, en los delitos
siguientes: homicidio simple, homicidio agravado, secuestro, delitos contra la libertad
sexual, robo agravado, extorsión, defraudación a la economía pública, comercio de
personas, tráfico ilegal de personas, trata de personas, delitos contemplados en la
Ley Reguladora de las Actividades Relativas a las Drogas y los delitos contemplados
en la Ley Contra el Lavado de Dinero y Activos”.
Han intervenido en el proceso, además de los mencionados funcionarios judiciales, la
Asamblea Legislativa, y el Fiscal General de la República.