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impedirlo, siempre y cuando no exista una prohibición constitucionalmente legítima dentro
del ordenamiento jurídico.
De manera reiterada esta Sala ha expresado en su jurisprudencia –v. gr., Sentencia de
14-XII-1995, pronunciada en el proceso de Inc. 17-95– que la libertad no es un derecho
absoluto, como no lo son la mayoría de los derechos fundamentales. Ahora bien, no se
trata de una libertad ilimitada, sino que las personas han de observar obligatoriamente
todas aquellas restricciones de su libertad que el legislador formula para la convivencia
social, siempre en relación a los valores fundamentales del ordenamiento, la justicia, la
seguridad jurídica y el bien común. Lo anterior nos dice que la libertad es restringible, pero
al mismo tiempo que sólo es restringible por razones que atiendan a los valores
fundamentales del sistema, lo que significa que no es restringible en virtud de razones
cualesquiera.
3. Ahora bien, una vez establecido el contenido fundamental del derecho a la
libertad personal, así como la posibilidad que se tiene de restringir dicho derecho, siempre
que dicha restricción respete el marco constitucional, es conveniente hacer una referencia
a la presunción o principio de inocencia a fin de poder –posteriormente– establecer con
mayor facilidad los límites de la detención provisional como figura constitucional restrictiva
del derecho de libertad física establecida en el art. 13 Cn.
A. La presunción o principio de inocencia se encuentra consagrada en el art. 12
inc. 1° Cn., y se puede entender que posee tres significados claramente diferenciados: (i)
como garantía básica del proceso penal; (ii) como regla de tratamiento del imputado
durante el proceso; y (iii) como regla relativa a la prueba. Respecto al primero, ella ha sido
entendida como garantía básica del proceso, y como tal constituye un límite al legislador
frente a la configuración de normas procesales penales que pudiesen implicar en contrario
una presunción de culpabilidad, una condena anticipada y que conlleven para el imputado
la carga de probar su inocencia. Es en ese sentido que esta Sala, en la Sentencia de 10-
II-1999, pronunciada en el proceso de Amp. 360-97, expresó: “ninguna persona –natural o
jurídica– puede verse privada de algún derecho por aplicaciones automáticas y aisladas
de „presunciones de culpabilidad‟, sean legales o judiciales, ya que las mismas son
inconstitucionales si no se acompañan de otros medios de prueba que lleven una
conclusión objetiva de culpabilidad”. Respecto del segundo, se parte de la idea de que el