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Probablemente de los efectos inmediatos de la detención provisional puede
derivan otros, como por ejemplo, cierto efecto disuasorio ante las inclinaciones de los
potenciales agresores de los bienes jurídicos. Pero ello no obsta para que se confunda
con la pena, porque las derivaciones directas o indirectas no constituyen su motivación
esencial, sino el aseguramiento del proceso, tal como se ha dejado dicho. En este
sentido, la detención provisional, al igual que la presunción o principio de inocencia, es
consagrada constitucionalmente y su finalidad operativa es estrictamente procesal, pues a
ninguna es atribuible efectos sustantivos o materiales.
V. 1. En el presente caso, la Asamblea Legislativa sostuvo la constitucionalidad del
art. 294 inc. 2° C. Pr. Pn., en tanto que los delitos mencionados en esa disposición
provocan por lo general alarma social o mayor riesgo de fuga u obstaculización del
proceso penal; por lo cual también son un ejemplo de prevención para que los demás
delincuentes piensen antes de cometer cualquier ilícito de esa lista, pues, al estar ellos en
libertad por cualquier medida sustitutiva, siempre seguirán cometiendo hechos punibles y
se volvería para toda la población honrada y trabajadora una amenaza latente, al no estar
detenidos provisionalmente.
En esta justificación deben distinguirse dos aspectos: (i) que la detención
provisional se vuelve necesaria en los delitos mencionados en el inc. 2º del art. 294 del C.
Pr. Pn., pues por su impacto social dañino, ellos provocan alarma social y el riesgo de
fuga u obstaculización del proceso penal, por lo mismo, es mayor que en el resto de
infracciones; (ii) que la detención como única medida cautelar en estos casos son un
ejemplo de prevención para que los demás delincuentes piensen abstenerse antes de
cometer cualquier ilícito de los mencionados en dicha lista.
Este tribunal sólo encuentra constitucionalmente válido el primer argumento, que
es coherente con la naturaleza de la detención provisional –medida cautelar–: si como
consecuencia de una ponderación en abstracto realizada por el Legislativo, éste
determina que en ciertos casos se presenta de manera más intensa los elementos que
integran el presupuesto del periculum in mora –como el riesgo de fuga, el de
obstaculización de la investigación o la “alarma social”–, puede establecer excepciones a
la sustitución de la detención provisional por otras medidas cautelares, dándole