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detención provisional, pero menos gravosa, en que fundamentar una privación de libertad
cautelar–, dijo la Asamblea Legislativa que dicha circunstancia haría que tal actuación
pudiera ser en realidad calificada de medida de seguridad con la finalidad de prevención
general; pero ello no es coherente con la debida ubicación de la detención provisional en
el marco de las medidas cautelares personales, y con la necesaria vigencia del principio
de proporcionalidad en este ámbito.
Destacó además, frente a lo que podría deducirse de una mera interpretación literal del
art. 294 del C. Pr. Pn., que tales medidas sustitutivas podrán acordarse por el juez desde
un principio, es decir, sin que haya existido antes una situación de detención provisional, o
bien efectivamente en sustitución de ésta, cuando las circunstancias del caso concreto lo
ameriten. Sería más apropiado, por ende, calificar a dichas medidas como alternativas a
la detención provisional.
Pero, por otro lado, dijo que el inc. 2° del precepto inaplicado prohíbe que la detención
provisional sea sustituida por una medida cautelar menos gravosa, si los hechos
presuntamente delictivos que se imputan a determinado sujeto, caen bajo uno de los tipos
delictivos mencionados. La clase de delitos que se mencionan en el artículo impugnado
se justifica, según la Asamblea Legislativa, en que estos provocan por lo general alarma
social o mayor riesgo de fuga u obstaculización del proceso penal. Por lo cual también
son un ejemplo de prevención para que los demás delincuentes piensen antes de cometer
cualquier ilícito de los mencionados en el art. 294 C. Pr. Pn., pues, al estar éstos en
libertad por cualquier medida sustitutiva, siempre seguirán cometiendo hechos punibles, y
se volvería para toda la población honrada y trabajadora una amenaza latente, al no estar
detenidos provisionalmente. Razón por la cual se dotó al Código Penal de las
herramientas legales necesarias, que permitan combatir en forma más efectiva la
delincuencia y aplicar sanciones que disuadan el cometimiento de acciones delictivas.
4. El Fiscal General de la República, licenciado Félix Garrid Safie, al contestar el traslado
que le fue conferido por quince días, conforme al art. 8 L. Pr. Cn., sostuvo que la prisión
preventiva consiste en la privación de libertad del imputado, ordenada antes de la
sentencia firme por el tribunal competente; ésta se basa en el peligro que el imputado se
fugue para evitar la realización del juicio oral o para evitar la ejecución de la eventual
sentencia. Para establecer el peligro de fuga –dijo–, debe tenerse en cuenta