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De este modo, y en lo que se refiere al caso concreto, puede afirmarse que en un sistema
normativo pueden y deben convivir perfectamente el reconocimiento de la libertad
personal y de la tutela de la seguridad pública, y aunque no puede afirmarse que per se
exista antinomia cada vez que estos dos bienes se confronten, también es claro que en
algunos casos puede formularse un conflicto que, ni puede resolverse mediante la
declaración de invalidez de una de ellas, ni tampoco a través de un criterio de
especialidad que conciba a una como excepción frente a la otra.
3. La ponderación en la jurisdicción constitucional, al enjuiciar la constitucionalidad de un
precepto legal en abstracto, dará lugar a una declaración de invalidez cuando se estime
que, en todas las hipótesis de aplicación posibles, resulta injustificadamente lesivo para
uno de los principios en juego. Pero si la ley contempla supuestos de aplicación no
lesivos, cabe también una sentencia que indique qué significados de la regla enjuiciada
resultan válidos.
A. Dado ese carácter de juicio a la luz de las circunstancias de un caso concreto, la
ponderación constituye una herramienta esencialmente judicial. Sin embargo, ello no
excluye que el legislador pueda y deba ponderar, pues de hecho es el primer llamado a
solventar, mediante concreciones legislativas, los posibles conflictos entre principios
constitucionales.
La ley, por tanto, representa una forma de ponderación, que a su vez puede ser objeto de
un enjuiciamiento abstracto por parte de esta Sala. Sin duda, la actividad legislativa no ha
de verse como una mera ejecución de la Constitución y que, por tanto, dispone de una
amplia libertad configuradora; pues la Constitución no es un programa cerrado, y sus
contenidos, aun cuando se propugnen coherentes, pueden plantear tensiones en su
aplicación y también en su proyección sobre la actividad legislativa.
Lo que el legislador no puede hacer es eliminar el conflicto mediante una norma general, y
postergar en abstracto un principio en detrimento del otro. Pues ello implicaría establecer
por vía legislativa una jerarquía entre preceptos igualmente constitucionales y asumir la
tarea de un Poder Constituyente; lo mismo puede afirmarse de esta Sala, en su caso.