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La igualdad –siguió–, concebida como un derecho, puede ser invocada ante la
Administración, la Jurisdicción ordinaria y, en su caso, ante la Jurisdicción Constitucional.
Se trata, sin embargo, de un derecho relacional, no autónomo, pues la específica
naturaleza de la igualdad ante la ley, exige que su transgresión se proyecte sobre un
determinado campo material; no se violenta la igualdad en abstracto, sino en relación con
algún objeto o bien constitucional específico. Este carácter de igualdad como derecho, se
confirma a su vez que la igualdad es también una obligación constitucionalmente
impuesta a los órganos del Estado que consiste en tratar de igual forma a cuantos se
encuentren en iguales situaciones de hecho, a contrario sensu, no se puede tratar igual a
quienes se encuentren en situaciones de desigualdad, por la naturaleza que rodea un
hecho específico.
La exigencia de que la prisión preventiva se convierta en la última instancia, de modo que
deban aplicarse, de ser posible, en el caso concreto medidas alternativas menos gravosas
a la prisión preventiva, no es realmente una consecuencia de la presunción de inocencia,
sino de unos de los subprincipios del principio de proporcionalidad, cual es el de
necesidad de la medida. Así, cuando otras medidas menos gravosas para el imputado,
pueden ser viables para evitar el peligro de fuga, peligro de obstaculización o de
reiteración, debe acudirse a dichas medidas.
El nuevo C. Pr. Pn. –manifestó– es amplio en cuanto a la regulación de medidas
sustitutivas de la prisión preventiva. No se especifica cuáles son las medidas sustitutivas
para cada tipo penal, pero es claro que las diferentes medidas no tienen relación con
todas las causales de prisión preventiva, sino que unas están condicionadas con el peligro
de fuga, unas con el peligro de obstaculización y el peligro de reiteración.
Se han analizado las circunstancias que el juzgador debe valorar para aplicar una medida
sustitutiva a la prisión preventiva, por lo que no es una decisión discrecional y mucho
menos violatoria del principio de igualdad jurídica. En efecto, la aplicación de la igualdad
por los tribunales, en su resolución, de ser la misma, ante presupuestos idénticos, aunque
la igualdad se reconozca como un derecho subjetivo, se proyecta como de obligatoria
aplicación ante los poderes públicos. Pero debe tomarse en cuenta que el derecho de
igualdad no podría operar nunca como impedimento del cumplimiento de principios que
definen el ejercicio misma de la función jurisdiccional; en otras palabras, no se trata de